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Roca concreta el pago de 1,7 millones de euros por su deuda con Marbella

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 12/06/2014 Esperanza Codina
El ex asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, en el último juicio en el que declaró como testigo. © Daniel Pérez El ex asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, en el último juicio en el que declaró como testigo.

Juan Antonio Roca, principal condenado del caso Malaya (la sentencia está recurrida), ha concretado el pago de 1,7 millones de euros al Ayuntamiento de Marbella en virtud del acuerdo promovido por el propio exasesor de Urbanismo marbellí para hacer frente a la parte de responsabilidad civil que le corresponde por el caso Saqueo 1, enjuiciado en la Audiencia Nacional y en el que está penado en firme a seis años y 10 meses de prisión. El dinero procede de la venta de un inmueble ubicado en Murcia.

Ese pacto, que recibió el visto bueno de la Audiencia de Málaga hace un par de meses, autoriza a los administradores judiciales de la fortuna de Roca a sacar al mercado parte de su patrimonio, venderlo y así poder indemnizar al Consistorio con un total de 8,12 millones de euros. La operación se hizo con el visto bueno de la fiscalía y del Ayuntamiento. Se trata de bienes que no están afectados por el comiso que se decreta en la sentencia del caso Malaya (el 36% del patrimonio) y se autoriza a los administradores a seleccionarlos y hacer las gestiones necesarias para su enajenación.

Roca pidió que se establezcan “precios competitivos” y que las transacciones se realicen con “la máxima celeridad temporal”, solicitud que asumió el tribunal. El dinero de esta primera acción se ha ingresado en las arcas de Marbella a través de sendos cheques bancarios de 203.751 y 1.496.249 euros, informa Efe.

Con este reintegro casi se duplican los cerca de dos millones de euros en metálico que el Ayuntamiento ha logrado recuperar hasta ahora por procedimientos judiciales del gilismo, entre 1991 y 2006. El dinero procedía de 13 personas. Marbella tiene retenidas decenas de fincas y cuenta con sentencias a favor que prevén indemnizaciones superiores a los 300 millones en el ámbito penal y del Tribunal de Cuentas. Las resoluciones firmes suman unos 100 millones.

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