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Santamaría pide unidad a los partidos más allá del día del referéndum

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 27/09/2017 Miquel Alberola
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Soraya Sáenz de Santamaria, este miércoles, en la sesión de control al Gobierno del Congreso. © LUIS SEVILLANO ARRIBAS Soraya Sáenz de Santamaria, este miércoles, en la sesión de control al Gobierno del Congreso.

La posibilidad de que el Parlament y la Generalitat declaren unilateralmente la independencia después del 1 de octubre, fecha fijada para el referéndum ilegal, gana consistencia. Ante esa amenaza, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apeló este miércoles en el Congrerso de los Diputados al PSOE y Ciudadanos mantener la unidad frente al desafío más allá de esa fecha. Ciudadanos apuntó que el PSOE podría desmarcarse; los socialistas lo negaron.

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La posibilidad de una declaración unilateral de independencia ha abierto grietas en el bloque independentista en la recta final antes de la consulta del domingo entre el PDeCAT, la CUP y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Estos han iniciado un debate al respecto ante la posibilidad de que el Gobierno pudiera establecer una vía de diálogo a partir del lunes. Sin embargo, la posibilidad de su adopción en el caso de que la consulta irregular llegue a celebrarse pese a los impedimentos legales, y arroje un saldo favorable, mantiene la inquietud en el Gobierno. En ese caso, pese a que el PP, por boca del portavoz parlamentario Rafael Hernando, ha descartado la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno por razones temporales (su tramitación requiere unos 20 días) y jurídicas, el Ejecutivo reconsideraría su posición.

Para adoptar esta decisión por la que el Gobierno puede requerir a Cataluña a cumplir la Constitución y las leyes, mediante las “medidas necesarias”, el Ejecutivo necesitaría el firme apoyo de sus aliados para no afrontar en solitario una medida cuya aplicación puede comportar efectos incandescentes. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, realizó ayer un llamamiento en el Congreso de los Diputados, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo, para mantener la unidad de los españoles y los partidos que apoyan la acción del Gobierno frente al intento de desagregación del Estado después del 1 de octubre ante una eventual declaración unilateral de independencia. “La única unilateralidad que cabe es la de los 47 millones de españoles”, afirmó frente al intento del Parlament y el Govern en su intento de restringir a Cataluña una decisión que afecta a la soberanía nacional.

“Debemos seguir unidos en adelante”, ha remarcado Santamaría ante la pregunta del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien ha alertado sobre la declaración unilateral de independencia, quien ha considerado que “lo más grave” de la actual crisis puede suceder la semana siguiente a la celebración de la consulta, “cuando los independentistas pretenden llevar a cabo la declaración unilateral de independencia, que es lo que ha estado siempre en la hoja de ruta separatista”.

Rivera, que remarcó ayer el apoyo “sin fisuras” al Gobierno antes y después del 1 de octubre, arrojó tras la sesión de control sombras de duda respecto a la posición del PSOE. Según refirió, el partido ha sido “secuestrado” por el PSC y maneja alcanzar acuerdos con los partidos independentistas catalanes tras el 1 de octubre.

Sin embargo, el PSOE, que ya no considera una línea roja la aplicación del artículo 155, reafirmó ayer que se mantendrá “en defensa de la legalidad” como ha hecho hasta ahora también después del 1 de octubre, informa Elsa García de Blas. “Estamos actuando desde la responsabilidad, apoyando la legalidad y vamos a seguir haciéndolo”, sostuvo ayer Margarita Robles, portavoz parlamentaria socialista en conversación informal con los periodistas en el Congreso. No hay ninguna intención, por tanto, en los socialistas en quebrar esa unidad con el Gobierno. Incluso en caso de que el Ejecutivo tuviera que aplicar medidas drásticas como el 155, la dirección socialista no descarta ningún escenario y mantiene que lo estudiará llegado el momento.

Ausencia de Rajoy

La ausencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que regresa a España este miércoles de Washington tras reunirse con el presidente de EE UU, Donald Trump, ha restado apariencia pero no intensidad ni interés a la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados, que ha gravitado sobre la crisis que el Estado afronta en Cataluña. En una sesión presidida por Ignacio Prendes, con Santamaría, los ministros del Interior y Justicia han respondido otras preguntas y afrontado tres interpelaciones urgentes de la oposición y con la crisis catalana de fondo.

Solo dos de los nueve diputados de ERC han acudido al pleno: Joan Tardà y Gabriel Rufián. El segundo ha preguntado al Gobierno si ha previsto “alguna actuación para evitar que se produzcan más detenciones de cargos políticos en Cataluña” y ha afirmado que el 1 de octubre, votando el referéndum, “Cataluña quiere recuperar el país que le robaron hace 80 años”.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha replicado que “desde la mentira no se construye nada” y que votar en sí mismo no es una manifestación de democracia, sino que se trata de votar en el marco de la ley. “Muchos regímenes fascistas han votado muchas veces y no por ello son más demócratas”, ha agregado. Rufián y Tardà han abandonado el hemiciclo tras la intervención entre reproches. En los pasillos, Rufián ha calificado el pleno como "Mordor", el reino del mal de El Señor de los Anillos.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha sido el destinatario de las preguntas del diputado del PNV Mikel Legarda acerca del tiempo que piensa mantener el Gobierno en Cataluña, “como medida de excepción”, a los agentes desplazados de la Guardia Civil y la Policía Nacional. De las de Ciudadanos, que lo ha interpelado sobre el acoso que sufren los agentes. Y las del grupo confederal Unidos Podemos, que lo han instado explicar qué está haciendo para “proteger la imagen y el prestigio de los trabajadores y trabajadoras de los policías y la Guardia Civil desplegados en Cataluña” y si el ministerio ha disuelto “las estructuras policiales paralelas” creadas “para atacar a fuerzas política catalanas y a la oposición en España”.

Zoido ha defendido que el Gobierno mantendrá el refuerzo de policías y guardias civiles en Cataluña "mientras sea necesario", y ha garantizado que se están adoptando "todas las medidas legales" para impedir "cualquier ataque a la dignidad" de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ha insistido en que la movilización de unidades de Policía Nacional y Guardia Civil a Cataluña no es una medida de excepción sino que tiene como objetivo apoyar a los Mossos en el mantenimiento del orden público en cumplimiento de una orden de la fiscalía. El Partido Nacionalista Vasco, por boca del diputado Legarda, lo ha considerado “inconstitucional e ilegal”.

El ministro, que es quien mayor protagonismo ha tenido en la sesión, ha reprochado a Unidos Podemos que no está legitimado para defender la imagen del cuerpo al no haber permitido que en Madrid se le dedicara el nombre de una calle. Respecto a las estructuras paralelas, ha negado su existencia: “Nunca he visto existencias paralelas en la policía”.

La portavoz Irene Montero, sin embargo, lo ha culpado de “jugar sucio para atacar a los adversarios políticos” y de hacer “trampismo, de Donald Trump” en lo que ha considerado “una de las mayores ofensivas antidemocráticas desde 1975”. Montero ha recriminado al ministro que la única propuesta que el Gobierno tiene para Cataluña son "balines de goma, cañones de agua y cárcel", o, en palabras de un cargo del PP, "hostias como panes". Prendes ha llamado la atención a Montero por interrumpir a Zoido, que ha conminado a Unidos Podemos a decidir si está del lado de la ley o del “de los que se la saltan a la torera”.

Interpelaciones urgentes

Tras la sesión de control al Gobierno, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha afrontado dos interpelaciones urgentes sobre el conflicto de Cataluña. El PDeCAT y Unidos Podemos han abundado desde la tribuna del Congreso, ahora con Ana Pastor en la presidencia, sobre las medidas activadas por el Gobierno para desactivar la logística del referéndum independentista.

Frente a las acusaciones y la indignación del portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, que ha considerado que “se están vulnerando derechos fundamentales en Cataluña” y “abusando del poder”, Sáenz de Santamaría ha insistido en la ilegalidad de la consulta impulsada por la Generalitat y ha defendido el significado de la democracia plena con ejemplos de la acción del Gobierno “frente a lo que han hecho la Generalitat y el Parlament”.

Campuzano ha acusado al Gobierno de haber llevado deliberadamente a Cataluña a la crisis actual y de haber convertido con sus métodos “la causa de la libertad de Cataluña en la causa de la democracia en España”. Asimismo, ha pedido que “la represión finalice”, la restauración de la autonomía financiera y que se permita votar el próximo domingo.

Sáenz de Santamaría le ha recordado que el Tribunal Constitucional ha dicho que el referéndum es “ilegal e inconstitucional”, que el PDeCAT no le pueden imponer al Gobierno en contra de la ley y lo ha invitado a llevar una iniciativa sobre la autodeterminación al Congreso. “Venga a esta Cámara y convenza a los diputados y españoles que es mejor que Cataluña se independice de España”.

La misma solución le ha propuesto a Xavier Domènech, del grupo confederal Unidos Podemos, al que, ante las acusaciones de que el Gobierno está vulnerando la democracia con sus respuestas al referéndum, ha nreplicado que “aplicar la ley no es antidemocrático, es cumplir la voluntad de los ciudadanos”. “Si quieren el derecho de autodeterminación, traigan una reforma de la Constitución y convenza a esta Cámara.

Pese a que las posiciones en la recta final de septiembre no ofrecen visos de modificación, Campuzano se ha resistido “a aceptar intelectualmente que no es posible el diálogo” y ha pedido al Gobierno que “a partir del 1 de octubre escuche a los catalanes”. La vicepresidenta le ha sugerido que “está a tiempo de rectificar y volver a la ley”.

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