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Tirón de orejas de la Fiscalía a la Junta de Andalucía

Logotipo de El Mundo El Mundo 01/10/2017 RAMÓN RAMOS

"Incomprensiblemente seguimos sin obtener la singularización presupuestaria que debiera llevar a cabo la Junta", como Administración competente en la dotación de medios para la Fiscalía Superior de Andalucía -adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)-, apunta un año más la Memoria que este organismo acabar de hacer pública, correspondiente a 2016.

Se trata de un 'dejá vû' en el memorial de carencias materiales y tecnológicas que año tras año recoge la Memoria, solo que en la de este último ejercicio el documento subraya como "especialmente grave" el incumplimiento, ya que -recuerda- el Parlamento de Andalucía aprobó "de forma unánime" en abril del pasado año una Proposición no de Ley, presentada por el Grupo Popular, en la que se establecía la necesidad de "incrementar las dotaciones personales y materiales" de la Fiscalía Superior en la comunidad autónoma.

La Memoria, que analiza el último ejercicio al completo bajo la jefatura de Jesús García Calderón, a quien sucedió en marzo pasado Ana Tárrago, refiere en este sentido que pese al apoyo de todos los grupos parlamentarios la propuesta "no tuvo reflejo alguno" en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año en curso, lo que juzga como "una extraña circunstancia" que merecería "una serena reflexión" acerca de la relación entre el Ministerio Fiscal y el Parlamento.

La Fiscalía, así, apela a su "naturaleza" como órgano de "relevancia constitucional" para que el Ejecutivo andaluz atienda sus conclusiones, que ofrecen "una información tan esencial para los ciudadanos, para el desarrollo de nuestro sistema de Justicia" y para el funcionamiento de la propia institución en el futuro, por lo que concluye este capítulo apuntando: "Si una iniciativa de esta naturaleza, sin duda provocada por el conocimiento de una incómoda realidad, no tiene efecto práctico alguno, cabría preguntarse qué sentido debemos darle a la presencia anual del Fiscal Superior ante la Comisión de Justicia de la Cámara".

El documento que emite anualmente la Fiscalía Superior de Andalucía, en este apartado, recuerda hasta nueve comparecencias de su titular ante la Comisión de Justicia del Parlamento regional, donde se ha venido reclamando un programa presupuestario específico para la Fiscalía en Andalucía, que la Consejería de Justicia nunca atendió y que "no es una ocurrencia caprichosa", añade la Memoria, sino que figura en el Estatuto Orgánico del Ministerio Público.

En cualquier caso, la Memoria insiste en las carencias descritas en años anteriores, que persisten y dificultan labores "habituales, básicas u ordinarias" de la oficina fiscal y figuran en el Acta suscrita por la Inspección cuando en diciembre visitó Granada, sede de la Fiscalía Superior de Andalucía. La Proposición no de Ley aprobada en el Parlamento evidenciaba asimismo, a juicio de los proponentes, la "gran labor" del Ministerio Público en Andalucía y "la insuficiencia" de medios a disposición tanto la Fiscalía Superior como las ocho Fiscalías provinciales".

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La Memoria, en otro sentido, no aprecia cambios especialmente significativos en la carga de trabajo del Ministerio Público durante el 2016 pero alude a las "carencias tecnológicas", que siguen siendo "la pauta habitual para el trabajo de la Fiscalía Superior, algo impropio de un organismo de tanta trascendencia que, pese a tratarse de una reclamación tan elemental, no ha sido resuelta por la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía". Estas limitaciones "inciden negativamente en el control informático de asuntos y solo pueden ser subsanadas merced a la buena disposición y dedicación de la plantilla auxiliar".

En cuanto a las instalaciones, el documento hace hincapié en que el antiguo Banco de España de Granada, sede de la Fiscalía Superior y declarado Bien de Interés Cultural, "sigue presentando un aspecto de abandono en su mayor parte", pues solo fue restaurado el cuerpo delantero del edificio y la restauración pendiente sigue sin afrontarse por la Junta de Andalucía.

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