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Tres imputados ante la juez por la lonja de Pasaia

Logotipo de El Mundo El Mundo 03/10/2017 JOSEAN IZARRA

La titular de Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián interrogará como investigados mañana miercóles al ex director general del Puerto de Pasaia Gregorio Irigoyen, al técnico y director de obra de la lonja de pescado David Candelario y al responsable de la UTE Pasaia Berri que ejecutó esta infraestructura dentro de las diligencias judiciales abiertas en la primavera de 2016 por presuntos delitos de corrupción vinculados a la construcción de la lonja de pescado en esta infraestructura. La juez, además, ha solicitado una nueva auditoría para aclarar si realmente se han ejecutado los trabajos encargados a la UTE Pasaia Berri a lo largo de un controvertido proyecto que se inició en 2011 con un coste de 14,9 millones de euros pero que aún no se ha finalizado pese a haber destinado ya 20 millones. Los interrogatorios reactivan la investigación sobre los hasta ocho presuntos delitos de corrupción con los que la Fiscalía de San Sebastián activó el procedimiento penal y complican la decisión ya adoptada desde hace semanas por la consejera Arantxa Tapia de sustituir al presidente de Pasaia Ricardo Peña por Félix Garciandia.

El Consejo de Administración del Puerto de Pasaia analizará hoy con sus servicios juridicos externos las consecuencias que puede acarrear la citación como investigados de dos de sus técnicos como consecuencia de las irregularidades detectadas en la construcción de la lonja de pescado en el Puerto de Pasaia. Gregorio Irigoyen y David Candelario tendrán que explicar cómo actuaron como director general del Puerto y director de la obra respectivamente desde que en 2012 la UTE Pasaia Berri inició los trabajos hasta que Candelario fue apartado con un expediente interno e Irigoyen fue sustituido en abril de 2016.

Un relevo directamente relacionado con el pago de certificaciones de la obra que no habían sido previamente autorizadas por Puertos del Estado aunque el presidente de Pasaia Ricardo Peña intentó en los primeros momentos ocultar la relación entre el relevo de Irigoyen por César Salvador y las dudosas justificaciones de las obras que presuntamente había realizado la UTE conformada por FCC y Lurgoien. El testimonio de Irigoyen puede ser clave para determinar no sólo del destino de los más de cinco millones de desfase presupuestario que ya acumula la obra sino de la estrategia utilizada por el presidente de Pasaia Ricardo Peña junto al presidente de Puertos del Estado José Llorca para minimizar el alcance de este escándalo.

De hecho, el Consejo de Administración tiene hoy sobre la mesa sendos documentos con los que Peña intentará cerrar algunos de los flecos jurídicos que aún quedan pendientes. El Puerto de Pasaia está dispuesto a abonar a la UTE Pasaia Berri 1,7 millones de euros al concluir el expediente de responsabilidad patrimonial abierto tras descubrir que se habían certificado y vuelto a descertificar una parte de la obra presuntamente realizada sin los trámites administrativos necesarios. Pero la aprobación de esta propuesta de resolución también arroja importantes dudas jurídicas sobre la responsabilidad en la que incurrirá el Consejo de Administración porque la juez instructora cuestiona implícitamente el resultado de la auditoría realizada por Puertos del Estado y ha encargado un nuevo estudio económico. También chirría jurídicamente, la decisión de Ricardo Peña de resolver el contrato firmado el 30 de diciembre de 2014 con la UTE Pasaia Berri por negarse a reparar el suelo de la lonja, realizar obras no contempladas en el proyecto sin autorización expresa y por desatender las peticiones realizadas por la dirección facultativa.

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Problemas judiciales y dudas en el seno del consejo que afectan a la decisión ya tomada por la consejera Arantxa Tapia de proceder a la sustitución de Ricardo Peña como presidente de Pasaia y que pretendía realizarse cuando se normalizara la situación en la dirección del Puerto. El sustituto Félix Garciandía, de momento, tendrá que esperar.

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