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Un juez interrogó al vicepresidente de Argentina, acusado de corrupción

EL PAÍS EL PAÍS 10/06/2014 Francisco Peregil

Finalmente, ocurrió. Por primera vez en los más de 30 años de democracia un juez interrogó a un vicepresidente de Argentina durante el ejercicio de sus funciones. Amado Boudou entró a las once y diez de la mañana en el edificio de los tribunales federales en Buenos Aires para ser interrogado sobre un caso de corrupción. En la tercera planta le esperaba el juez Ariel Lijo, quien sospecha que el vicepresidente del Gobierno compró una empresa de impresión de billetes mientras era ministro de Economía.

Al salir de su casa, Boudou declaró: “Estamos saliendo con mucha tranquilidad, sabiendo que vale la pena, que hoy se va a empezar a saber toda la verdad. Estoy muy tranquilo con mucha confianza en lo que he hecho, en todo lo que voy a seguir haciendo por los argentinos. Yo podría no haber ido, no presentarme, haber contestado por escrito, pero voy a ir, voy a contestar a todas las preguntas y las voy a evacuar”. Minutos después accedía al edificio de Tribunales  arropado por cientos de militantes kirchneristas de La Cámpora y otras organizaciones juveniles. Levantó dos dedos en señal de victoria y subió al encuentro de Ariel Lijo. Por el camino, un par de personas le gritaron "ladrón", escena que fue difundida en numerosas ocasiones por el canal Todo Noticias, del grupo Clarín.

La deposición, interrumpida por breves recesos, se prolongó casi nueve horas. A las ocho y media de la noche salió el vicepresidente de los tribunales y anunció que subiría la declaración a su página de Facebook. Indicó también que se había limitiado a efectuar una declaración jurídica y que en los próximos días solicitaría acudir de nuevo ante el juez para completarla con una "declaración política" del caso.

La acción indagatoria implica que el juez posee indicios de que las acusaciones contra Boudou en el llamado caso Ciccone —en referencia al nombre de la compañía impresora— pueden ser verdaderas. La indagatoria permite a la persona interrogada ejercer su derecho de defensa ante el juez sin necesidad de prestar juramento para decir la verdad, como ocurre en el caso de los testigos.

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Después de Boudou, Ariel Lijo interrogará a lo largo de la semana a varias personas involucradas en el caso. A continuación, el juez dispone de diez días para determinar si procesa al vicepresidente. En ese caso el paso siguiente sería un juicio oral. La indagatoria tiene, por tanto, una enorme trascendencia política. La presidenta, Cristina Fernández, ha evitado referirse al caso Ciccone durante los últimos dos años. Pero su apoyo resultó inequívoco desde el momento en que decidió mantenerlo en el cargo.

Los periodistas más críticos con el Gobierno especulan con la posibilidad de que el vicepresidente implique a altos cargos del Ejecutivo si se ve acorralado. Pero en una entrevista radiofónica efectuada horas antes de declarar, Boudou aseguró: "Mi intención siempre fue no involucrar a nadie. El ataque está centrado en mí; se tiene que resolver en mí, porque yo tengo la verdad".

El caso Ciccone arrancó en febrero de 2012, cuando el fiscal Carlos Rívolo decidió seguir la pista de Alejandro Vandenbroele, un empresario autónomo al que su exesposa, Laura Muñoz, acusó de ser el "testaferro" de Amado Boudou. Es decir, su hombre de paja, la persona a través de la cual Amado Boudou acometería negocios que como ministro de Economía (2009-2011) no estaría autorizado a emprender. Boudou, quien ejerce como vicepresidente desde 2011 y tiene 51 años, siempre negó haber conocido a Vandenbroele.

En abril de 2012 Boudou ofreció una conferencia de prensa donde cargó contra el fiscal general, Esteban Righi y contra el juez y el fiscal que lo investigaban. A los pocos días, renunció el fiscal general. Y el fiscal Rívolo y el juez que lo investigaba, Daniel Rafecas, fueron apartados del caso. Pero el nuevo juez, tras casi dos años de instrucción, estima que hay suficientes indicios para pensar que Boudou adquirió la empresa de impresión de billetes a través de su amigo y socio José María Núñez Carmona. El juez señaló: "En razón de que el Ministro de Economía no podía adquirir el monopolio de la producción de billetes, y que Nuñez Carmona tampoco podía hacerlo debido a su pública relación con él, asignaron a Alejandro Vandenbroele ese rol".

Tras conocer su citación, Boudou planteó graves acusaciones contra el juez Lijo. Declaró que Lijo había tomado la decisión de procesarle sin escuchar su defensa. Lo acusó de proteger a empresarios, dijo que el expediente era un "mamarracho", declaró que el juez no se había leído correctamente las leyes, lo conminó a sentarse y a leer el expediente para no hacer “un papelón”, añadió que el juez actuaba a las órdenes del grupo Clarín y pidió que su declaración indagatoria fuese adelantada, retransmitida por televisión o en su defecto, grabada. El juez no respondió a ninguna de las descalificaciones. Se limitó a concederle el adelanto del interrogatorio y a denegarle la retransmisión y grabación.

La diferencia entre la situación de abril de 2012, cuando Boudou logró apartar a tres juristas, es que el Gobierno se encuentra ahora a solo un año y medio de las próximas presidenciales. Y su capacidad de influir en los otros poderes del Estado va menguando conforme expira el tiempo de mandato.

Mientras tanto, la Sala I de la Cámara Federal rechazó el pedido efectuado por los abogados de Boudou para declarar nulos los testimonios de dos testigos pertenecientes a la familia Ciccone, antiguos propietarios de la impresora de billetes.

El caso sigue su curso.

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