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Una consulta popular pone en jaque la reelección indefinida en Ecuador

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 30/09/2017 Sara España
Rafael Correa y el presidente Lenín Moreno en la toma de posesión de este último, en 2016 en Quito. © D. OCHOA Rafael Correa y el presidente Lenín Moreno en la toma de posesión de este último, en 2016 en Quito.

Cuanto más se acerca la fecha para la convocatoria, planea con más fuerza la posibilidad de que una de las preguntas de la consulta ponga a los ecuatorianos en el dilema de si quieren que el expresidente Correa pueda o no volver a presentarse como candidato a la jefatura de Estado en unos comicios. La reelección indefinida se ha vuelto un arma arrojadiza de la oposición al Gobierno y de los oficialistas fieles al presidente Moreno a los correístas. En una de sus últimas intervenciones, Moreno ha dicho explícitamente que es una “aberración política” que un presidente pueda eternizarse en el poder, mientras los defensores de Correa, líder histórico de Alianza PAÍS, el mismo partido del actual mandatario, se niegan a aceptar una supuesta “regresión de derechos” por medio de la consulta. 

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“El señor presidente ha sido muy claro en manifestar que él está absolutamente en contra de esta figura y que él se la preguntará al pueblo ecuatoriano. Nosotros hemos indicado con claridad que nosotros utilizamos un mecanismo constitucional”, ha defendido Marcela Aguiñaga, parlamentaria de Alianza PAÍS.

La postura de Correa

El ala dura de Correa y el mismo expresidente han cuestionado que el mecanismo adecuado para modificar la reelección indefinida sea una consulta popular y, de hecho, han condicionado su apoyo al referéndum a que se respeten ciertos límites que dejan fuera la disyuntiva de la reelección. Porque para eso, haría falta convocar una asamblea constituyente, después de que el Gobierno de Correa introdujera en 2015 mediante enmienda constitucional la posibilidad de reelección para permitir el eventual regreso del expresidente a partir de 2021.

A los movimientos sociales y demás partidos políticos no solo les preocupa el tema de la reelección sino que, en general, aseguran que quieren desvanecer el halo de hegemonía e impunidad con el que, afirman, se han regido las instituciones públicas en la última década. La oposición ve en la consulta popular, cuya fecha de votación aún no se ha concretado, la oportunidad de desmantelar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se encarga de designar a las autoridades de control como el fiscal general, el procurador —que defiende los intereses del Estado— y el contralor —que fiscaliza la gestión de las instituciones públicas—.

Hay quienes piden eliminar directamente este cuerpo, cuyos miembros y decisiones han sido señalados por su cercanía con el partido de Gobierno, y también quienes defienden que basta con una mejor selección. El parlamentario Guillermo Celi, del movimiento opositor SUMA, sostuvo en una entrevista en la prensa local que se debe reestructurar el organismo para incluir voces de la Asamblea Nacional, de los trabajadores, de la academia, de los medios de comunicación y de los colegios profesionales. Pero, según él, no es necesario eliminarlo. En cambio, Celi recomienda prescindir de la figura del vicepresidente, ahora ocupada por Jorge Glas, sin funciones y vinculado por asociación ilícita a la trama de corrupción de Odebrecht.

La muerte civil de los cargos públicos o electos que estén inmersos en actos de corrupción, obligándoles a reparar los perjuicios causados al Estado, es otra de las propuestas planteadas para la consulta popular. También lo es la eliminación de la Ley de Comunicación para reinstaurar la libertad de prensa en el país, la introducción en la Constitución de una mención a la dolarización como sistema monetario oficial o la eliminación de ciertos impuestos.

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