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Una serie de irregularidades planea sobre la tragedia del colegio Enrique Rébsamen

Logotipo de EL PAÍS EL PAÍS 26/09/2017 Elías Camhaji
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Labores de rescate en el colegio Enrique Rébsamen, al sur de la Ciudad de México. © Proporcionado por ElPais Labores de rescate en el colegio Enrique Rébsamen, al sur de la Ciudad de México.

Supuestos permisos falsos e irregularidades planean sobre el Colegio Enrique Rébsamen, que sufrió un colapso el pasado martes tras el terremoto en México de magnitud 7,1. Al menos 19 niños y seis adultos murieron, y el cadáver de una trabajadora de intendencia de 30 años fue rescatado este domingo entre los escombros. Las dudas sobre la construcción de la escuela se han hecho eco este lunes tras la caída de uno de sus edificios, después de que se dio a conocer que había sido clausurada por funcionar en una zona de uso de suelo habitacional, que falsificó un permiso para abrir otra vez sus puertas y que la directora, Mónica García, tenía su casa en el último piso del inmueble que se derrumbó, señala una solicitud de transparencia tramitada por la cadena de televisión Televisa.

De comprobarse las negligencias, la historia de la escuela, una de las postales más desoladoras tras el sismo, daría un giro radical. El colapso no solo se explicaría por el embate del temblor y podría también pondría bajo la lupa a los dueños del colegio y a las autoridades, que permitieron que funcionara irregularmente.

Claudia Sheinbaum, la delegada de Tlalpan (el municipio donde se encuentra el colegio, en el sur de la Ciudad de México), ha anunciado que pedirá un peritaje y que el Ayuntamiento no tiene atribuciones para decidir sobre el uso de suelo. “Pedí que no se removieran los escombros hasta el Colegio de Ingenieros pueda revisarlo”, ha dicho la delegada en el programa del periodista Carlos Loret de Mola y ha agregado que las demandas que presentaron los vecinos datan de 2010 y 2014 y fueron subsanadas.

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Los relatos de los estudiantes y profesores que sobrevivieron arrojaron desde el principio un dato extraño: el apartamento de la directora estaba en la parte más alta del edificio caída y en una de las puertas de salida del colegio. “De los primero que se cayó fue la dirección, que estaba justo debajo de donde vivía la directora, se levantó una gran nube de polvo”, relataba un alumno de segundo de secundaria, que pidió el anonimato. La zona segura en caso de sismo para los estudiantes de secundaria estaba en la primaria y durante los simulacros se disuadía a los menores de salir por ese portón.

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea), afirma Televisa, notificó una “operación irregular”. Los dueños presentaron un certificado de derechos adquiridos que después la Secretaría local de Desarrollo Urbano y Vivienda confirmó que era falso. El Invea denunció al colegio por falsificación de documentos, describe el portal Animal Político. El reporte de Televisa no especifica cuándo inició el litigio ni si ha sido resuelto por la Justicia, pero Univisión, una cadena hispana en Estados Unidos, apunta que los procesos sucedieron entre 2014 y 2015.

El colegio, según reportes periodísticos, se inauguró en la década de los ochenta y se construyó en varias etapas. El edificio que cayó fue el último en construirse. Otra de las construcciones, de magnitud similar, se sostiene, pero está apuntalada. Las obras de ampliación se detuvieron por presuntas irregularidades y se decretó una clausura por exceder la altura permitida para una escuela, detalla el diario Reforma. Los vecinos han acusado a los dueños del Enrique Rébsamen de ignorar los sellos de clausura y seguir con la remodelación del inmueble durante los fines de semana. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que se abrirá una investigación para esclarecer el derrumbe aunque justificó que la revisión de los edificios depende del Gobierno local.

Tras la emergencia, que ha dejado más de 180 muertos tan solo en la Ciudad de México, algunos habitantes de los edificios destruidos o en riesgo de colapso han iniciado pesquisas para determinar si sus hogares se construyeron con materiales de mala calidad o si infringieron las normas de construcción. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 dejó secuelas sociales y políticas indelebles, al comprobarse que una parte considerable de las 10.000 personas que fallecieron de acuerdo con los recuentos oficiales lo hicieron por negligencias gubernamentales y de los caseros que pudieron haberse prevenido. Ahora, en los últimos suspiros de las tareas de búsqueda, las inconsistencias han abierto un nuevo boquete tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

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