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Una veintena de países rastrean la Costa del Sol en busca de delincuentes

EL PAÍS EL PAÍS 01/06/2014 Esperanza Codina
Capo de la mafia rusa detenido en Frigiliana (Málaga) en 2008. © julián rojas Capo de la mafia rusa detenido en Frigiliana (Málaga) en 2008.

Una veintena de países tenían abiertos en 2013 procedimientos de investigación por posibles delitos que conducían hasta la provincia de Málaga, a la cabeza en peticiones de colaboración de las autoridades judiciales extranjeras tras Madrid y Barcelona. La fiscalía malagueña recibió el año pasado 164 solicitudes de ayuda para seguir el rastro de personas, bienes inmuebles y cuentas bancarias vinculadas al crimen, una cifra que ha ido en aumento en los últimos años y que sirve de termómetro para fijar la presencia de grupos de delincuencia organizada en un área geográfica. Los delitos mayoritarios que se indagan son blanqueo de capitales, tráfico de drogas y fraudes.

Las comisiones rogatorias pasivas (comunicaciones de otros estados para pedir esas diligencias de investigación) han crecido en los últimos años. En 2006 y 2007, antes de la crisis, se acercaban al centenar y la subida ha sido progresiva hasta las 164 del año pasado. La zona de mayor incidencia es la Costa del Sol occidental, especialmente Marbella.

Alemania (33) es el país que más veces reclamó ayuda, seguida de Reino Unido (30), Chipre (22), Francia (21), Holanda (14) y Portugal (11). Así hasta 20, mayoritariamente estados europeos. La fiscalía ejecuta los expedientes de cooperación internacional cuando se trata de diligencias que no afectan a derechos fundamentales.

"La función de la fiscalía es un valor añadido, por eso cada vez se pide más ayuda, por su capacidad para controlar y organizar casos complejos", apunta Juan Bermejo, delegado del Servicio de Cooperación de Internacional del ministerio público en Málaga. Otros tres fiscales están adscritos a estas labores —trabajan en Málaga capital, Torremolinos y Marbella— para mejorar el servicio y la atención a las autoridades extranjeras que se desplazan hasta la provincia. Bermejo también es el punto de contacto de IberRed, creada hace una década para mejorar las herramientas de asistencia judicial con Latinoamérica.

"Que los autores estén aquí no quiere decir que el delito se cometa aquí", precisa una fuente judicial. Lo más alarmante para la sociedad son los ocasionales asesinatos por ajustes de cuentas, normalmente, vinculados a luchas entre bandas por temas de narcotráfico. Las características de la Costa del Sol la convierten en un refugio ideal no solo de delincuentes, sino de capitales y propiedades de origen ilícito, muchas veces relacionadas con inversiones inmobiliarias, y una de las partes fundamentales de las investigaciones por delitos económicos es atacar el patrimonio. No es fácil por la presencia de posibles testaferros y sociedades interpuestas.

"El extranjero aquí pasa desapercibido", indica otra fuente. El litoral malagueño es una zona cosmopolita, con decenas de nacionalidades, y las urbanizaciones otorgan la intimidad necesaria para no llamar la atención. A eso se suma la presencia del aeropuerto internacional, la fácil salida por el mar o la cercanía de Gibraltar.

El flujo de información es recíproco y Málaga también cursa peticiones de colaboración. La fiscalía tiene ahora mismo activas cuatro comisiones rogatorias para recabar información de otros países. Los juzgados pueden tramitar sus propios expedientes y los cuerpos policiales están conectados a través de canales de cooperación internacional como Interpol y Europol, instrumentos imprescindibles para luchar contra la delincuencia organizada. La policía de Málaga arrestó hace unos días en Marbella a un ciudadano británico con una orden europea de detención en vigor desde 2008 por pertenecer a un grupo dedicado al tráfico de drogas en su país.

"La delincuencia organizada no conoce fronteras y las herramientas para combatirla tampoco debe tenerlas", argumenta Bermejo. Porque no solo están los mecanismos formales. El intercambio de datos es constante, igual que los contactos con los magistrados de enlace entre estados. En 2013, una investigación conjunta entre España y Paraguay a través de un programa de trabajo virtual permitió desarticular un grupo dedicado a la trata de personas con varias detenciones en los dos países.

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