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Urnas en los recreos y otros nueve casos de utilización de menores

Logotipo de El Mundo El Mundo 28/09/2017 elmundo.es
Aspecto de Barcelona durante durante la Diada / REUTERS © REUTERS Aspecto de Barcelona durante durante la Diada / REUTERS

El Ministerio de Educación le ha dado un toque de atención al Departamento de Enseñanza de la Generalitat por la utilización de menores de edad hasta en 10 ocasiones durante las manifestaciones en defensa del 1-0. En un requerimiento al que ha tenido acceso EL MUNDO, le advierte de que «vulnera lo establecido en la normativa básica estatal en cuanto que no ha cumplido con las competencias que se le encomiendan».

El secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, envió el martes a la consejera Clara Pontsatí 11 páginas en las que le reprocha el incumplimiento de varias leyes por permitir que los niños se manifestaran sin el permiso de los padres ni una comunicación previa al director cuando se suponía que tenían estar en clase. El requerimiento es el paso previo a la vía contencioso-administrativa: si la Generalitat no responde en un plazo de dos meses, el Gobierno -que le insta a «depurar responsabilidades»- volverá a llevarle ante la Justicia.

Como «responsables del atropello causado a los alumnos», el Ministerio señala a la Inspección educativa, así como a los profesores y directores que participaron o promovieron acciones «irregulares» como las que se produjeron en Olot, donde los equipos directivos enviaron una carta a los padres pidiéndoles permiso para que sus hijos se manifestaran.

Hay otras nueve actuaciones más, que el Ministerio acompaña con fotografías sacadas de los medios de comunicación. Habla de lo que pasó en el instituto IES Bisbe Sivilla de Calella, donde se colocaron urnas en las escaleras y la zona del recreo para que votaran los menores. Menciona también lo que ocurrió en Manresa, donde la dirección del centro IES Lluis de Peguera permitió que los profesores llevaran a los alumnos a concentrarse delante de la comisaría.

Alude, por otro lado, a la concentración convocada por Òmnium Cultural y la ANC el pasado 21 ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que «acudieron alumnos menores de edad de diferentes centros educativos, como por ejemplo el instituto Ernest Lluch, en el que el director autorizó a los alumnos a manifestarse a las 12.00 en favor del referéndum».

Y acusa también a los profesores del instituto Lacetánia de Manresa de conminar a los chicos a pegar carteles en horas lectivas y pone el ejemplo de los niños del instituto de Sant Quirtze del Vallés, que llevaron esteladas anudadas al cuello, colgaron banderas independentistas y realizaron «pintadas con mensajes de odio contra España».

Cita también tres centros de Mollerussa (el Terres de Ponent, La Sierra y La Salle), uno de Ripoll (el Abad Oliva) y varios de Tàrrega, donde alumnos y profesores se manifestaron sin autorización previa de los padres. Y concluye refiriéndose a la escuela Plà d'Avella, donde los alumnos de 5º de Primaria tuvieron que «recabar información sobre lo que pasó el 20 de septiembre en Barcelona» y elaborar «un mapa conceptual para comprenderlo mejor».

El Ministerio considera que estas acciones han vulnerado la Ley del Menor y la Ley de Educación, porque «los alumnos no pueden ser privados de recibir la enseñanza programada en el aula para el cumplimiento del currículo educativo y, por tanto, no pueden abandonar el centro para participar en manifestaciones y actuaciones que interrumpen su proceso educativo, sin mediar las autorizaciones correspondientes».

Reprocha a profesores y directores que hagan a los niños «partícipes en la defensa de un acto suspendido por el Tribunal Constitucional y, en consecuencia, un acto no conforme a la norma y del que los alumnos deberían permanecer alejados» cuando su misión era darles clase.

Aprecia también una vulneración de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, porque los funcionarios deben abstenerse «de conductas que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos».

«Los profesores y directores de centro han sido partícipes, a sabiendas, de un acto paralizado por auto judicial, sin cumplir los principios de imparcialidad, objetividad y neutralidad», considera.

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