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Viaje al siglo XIX, con escarapela

La Vanguardia La Vanguardia 11/06/2014 Enric Juliana

España parece condenada a no alcanzar nunca una plena normalidad, si es que tal cosa existe en los países en los que la tradición democrática se halla muy consolidada. Hay en España una periódica tendencia a cuestionar y poner en duda lo construido, señal de que los cimientos no acaban de estar bien asentados, o que han sido construidos con materiales perecederos. El debate de esta mañana en el Congreso de los Diputados para la aprobación de la ley orgánica que da rango oficial a la abdicación del rey Juan Carlos ha puesto en evidencia que hay fatiga en los materiales. Nada se cae –la abdicación ha sido aprobada con el voto favorable del 85% de los votos emitidos-, pero hay fatiga. Mucha fatiga.

Lo normal, lo propio de una monarquía parlamentaria nórdica –por poner como ejemplo uno de los mitos de muchos españoles cuando no había democracia- habría sido una comunicación al Parlamento, para proceder a la automática proclamación o coronación de su sucesor. Este automatismo nórdico no ha sido posible. España no es nórdica. La historia moderna de España es un libro trágico. "España tendrá que esperar dos siglos y verá correr ríos de sangre antes de poder otorgarse una constitución en la que el pueblo se sienta representado", escribió Stendhal en sus Notas sobre la vida de Napoleón. Podríamos decir que el autor de El rojo y el negro acertó.

Tantas han sido las tragedias españolas que los redactores de la Constitución de 1978 adoptaron cautelas en el supuesto de la abdicación. En vez de establecer con claridad un procedimiento de sustitución automática –el Rey comunica al Gobierno su deseo de abdicar y este lo notifica al Parlamento-, el artículo 57.5 establece, de una manera un tanto imprecisa, que la abdicación debe ser regulada por una ley orgánica. Los juristas del Gobierno, capitaneados por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, abogada del Estado, han interpretado que era necesaria una ley orgánica específica para la abdicación de Juan Carlos I, con la consiguiente aprobación del Parlamento. De haber existido una ley orgánica sobre la Corona –ley que llegó a ser esbozada por los últimos gobiernos de Felipe González y que José María Aznar guardó en un cajón- quizá el procedimiento ahora habría sido más fácil, más automático y más nórdico. El Parlamento ha tenido que discutir y aprobar la abdicación, en un acto decimonónico.

Decimonónico, efectivamente. En su intervención inicial ante el pleno, el presidente del Gobierno, quizá para justificarse, ha recordado en las constituciones de 1837, 1845, 1869 y 1876 se exigía una ley especial de las Cortes para que la abdicación fuera efectiva. El halo trágico de España. Puesto que los pronunciamientos militares eran constantes y había estallado una grave querella dinástica entre isabelinos y carlistas (tres guerras civiles a lo largo del siglo XIX), los constitucionalistas se querían asegurar de que el Rey abdicaba libremente. El Parlamento debía sancionar la abdicación, para dar su aprobación, o no, a las conjuras de palacio y a las maniobras de los espadones. Esa cautela volvió a quedar inscrita en la Constitución de 1978, con un fondo de ruido de sables.

Mecanismo del siglo XIX, para una España en el diván del siglo XXI. En el debate de esta mañana, ningún diputado, ninguno, ha puesto en duda el libre albedrío del Rey a la hora de decidir la renuncia. El trámite, pensado en clave garantista por los constituyentes de 1978, ha derivado en un debate un tanto deshilachado, entre tenso y banal, sobre la vigencia de la Monarquía en España.

Ningún artículo de la Constitución de 1978 establece, sin embargo,  que en caso de renuncia del Rey, España abrirá, en sede parlamentaria, un debate sobre Monarquía o República. No lo dice la Constitución, pero eso es lo que ha ocurrido esta mañana. España nunca será nórdica. Jamás. Esa es una quimera de los años setenta. España está condenada a repetir sus fisuras históricas, ni que sea banalmente, ni que sea histriónicamente.

El mejor discurso de esta mañana ha sido, sin duda, el de Alfredo Pérez Rubalcaba, reivindicando, como factor decisivo del momento político, el compromiso del PSOE con la Constitución. Rubalcaba no se ha proclamado monárquico. Ha venido a decir que la lealtad del PSOE a la Constitución de 1978 es la actual clave de bóveda del sistema institucional y que con la autoridad política que le confiere esa posición arquitectónica, el Partido Socialista reivindica la reforma federal y la revisión a fondo de otros aspectos del marco constitucional.

Curiosa paradoja. En 1977-78, los pilares imprescindibles para el asentamiento de la monarquía parlamentaria fueron los comunistas y los nacionalistas catalanes, con un PSOE expectante que se permitió el lujo de abstenerse sobre la Monarquía en el debate de la ponencia constitucional, para después aprobar el texto en su conjunto. Hoy, el único socialista que se ha abstenido ha sido el diputado vasco Odón Olorza, ex alcalde de Sant Sebastián.

Rubalcaba ha pronunciado un discurso sólido e inteligente que eleva su estatura en el momento en el que el PSOE se enfrenta a un proceso congresual de incierta conclusión. Rubalcaba ha dibujado hoy el significado, probablemente inquietante, de su próxima retirada.

Entre los aspectos importantes del debate, destacaría también los acentos fuertemente republicanos del Partido Nacionalista Vasco, con un párrafo final de disposición al pacto y a la estabilidad. El PNV, como siempre, el más hábil sobre el tablero.

El Partido Popular ha oficiado de partido dinástico. El PP se ha presentado como garante último de la estabilidad y de la Constitución, mientras una parte del Parlamento sube al monte republicano con la escarapela tricolor en la solapa. El PP, garante de la estabilidad, de la calma, de la tranquilidad y de la continuidad del orden actual. El presidente del Congreso, Jesús Posada, no ha encorsetado el debate y no ha constreñido a los partidos del Grupo Mixto. Todo lo contrario. Cuantas más escarapelas republicanas subiesen a la tribuna, mejor. Cuantas más proclamas republicanas, mejor para el Partido de Orden. Cuanta más fibrilación, mejor para el Partido Moderantista, que quiere prometer a los españoles la vía empedrada menos vertiginosa. Esa es la estrategia. El Gobierno ya está preparando las elecciones generales del 2015: o nosotros o el caos. El pasado 2 de junio, el presidente del Gobierno anunció la abstención del Rey y después habló el monarca. Nueve días después, Rajoy ha comparecido en el Parlamento como garante de la estabilidad monárquica. "Señoras y señores diputados, no estamos aquí para ninguna otra cosa. La forma política del Estado no está en el orden del día de esta sesión", ha dicho el presidente.

De acuerdo, la República no estaba en el orden del día del Parlamento, pero ¿lo está en el de la calle?

Parece que sí, en algunas plazas y en el mundo nervioso de las redes sociales. Las encuestas dicen que en el conjunto de la sociedad no hay una fuerte impugnación a la monarquía parlamentaria. Hay desgaste –por eso ha abdicado Juan Carlos I– y existe un fuerte deseo de que Felipe VI sea un rey ejemplar. Esa es, a fecha de hoy, la escarapela mayoritaria.

(17,10h. Pere Navarro anuncia en Barcelona su renuncia a la secretaria del PSC. Las réplicas del seísmo del 25-M no cesa. Curiosa coincidencia. Pere Navarro fue el primer dirigente político relevante en planetar como necesaria la abdicación del rey Juan Carlos. En aquel momento -20 de febrero del 2013- recibió todo tipo de críticas y fue objeto de muchos comentarios despectivos. El Rey ha abdicado. Y Navarro ha presentado su dimisión, el día en que la abdicación del Rey ha sido sancionada por el Congreso de los Diputados).

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