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Vodafone revela que algunos países tienen acceso directo a las llamadas

EL PAÍS EL PAÍS 06/06/2014 Walter Oppenheimer

La compañía británica de telefonía móvil y fija Vodafone ha publicado por primera vez un informe sobre la forma en que ayuda por imperativo legal a los Gobiernos de los países en los que opera. El informe, que será actualizado cada año, pone de relieve que en varios de ellos los Gobiernos tienen instaladas conexiones directas y permanentes a sus redes, lo que les permite en la práctica acceder a las comunicaciones de los clientes de Vodafone sin que la compañía lo sepa e incluso localizar desde dónde han sido realizadas esas comunicaciones.

Eso significa que los servicios secretos de esos países podrían estar interceptando esas comunicaciones sin ningún tipo de permiso judicial.

El informe de la compañía analiza las peticiones de datos de 29 Estados

Aunque Vodafone, segundo operador mundial después de China Mobile, está presente en una cuarentena de países, los datos contenidos en el informe se refieren solo a los 29 en los que la firma británica controla directamente el negocio, entre ellos España. Un portavoz de Vodafone en Madrid aclaró, sin embargo, que España no es uno de los países en los que existe esa conexión directa.

El informe de Vodafone busca contestar a las preguntas que se plantea la opinión pública sobre las relaciones entre los servicios de inteligencia y los operadores privados de comunicaciones, que han quedado en entredicho tras la publicación el año pasado de miles de documentos que el ex funcionario de inteligencia Edward Snowden se llevó de la CIA, para la que trabajaba como subcontratado.

El texto tiene el valor de ser el primero en su género que da cifras de las peticiones de los Gobiernos, pero el inconveniente de que parece decir más cosas entre líneas que de forma directa. Por ejemplo, no revela qué países tienen instaladas esas conexiones permanentes porque la ley no se lo permite y sus empleados podrían incluso ser encarcelados. Pero parece dar a entender cuáles podrían ser al explicar que en nueve de esos 29 países (Albania, Egipto, Hungría, India, Malta, Qatar, Rumania, Sudáfrica y Turquía) es ilegal revelar cualquier aspecto referido a la forma en la que se interceptan las comunicaciones en esos países.

En nueve naciones es ilegal informar de cómo se interceptan comunicaciones

“Esas conducciones existen, el modelo de acceso directo existe. Estamos haciendo un llamamiento para que se acabe el acceso directo de las agencias gubernamentales para obtener las comunicaciones de la gente”, declaró al diario The Guardian el responsable de privacidad de Vodafone, Stephen Deadman. “Si no hay una orden judicial oficial no hay visibilidad externa. Si recibimos una demanda podemos hacer dar marcha atrás a la agencia. El hecho de que el Gobierno necesite un documento para actuar es una limitación importante al uso de sus poderes”, añade el portavoz de la firma británica.

“Que haya Gobiernos que puedan acceder a las llamadas de teléfono simplemente dándole a un interruptor es algo espantoso y sin precedentes”, declaró la directora de la organización Liberty, Shami Chakrabarti.

Buena parte del informe argumenta que, a juicio de Vodafone, son los Gobiernos o los parlamentos de esos países, y no las compañías privadas, los que deberían preocuparse de que haya más transparencia sobre las relaciones entre ambos. Y justifica esa posición con el argumento de que “ningún operador está en condiciones de ofrecer un cuadro completo sobre el alcance de las peticiones de las agencias y las autoridades en el conjunto de un país ni de entender el contexto de las investigaciones”. Y por el hecho de que cada operador tiene “formas distintas de registrar la misma información estadística”.

Pese a esa reflexión, Vodafone publica un listado con el número de órdenes judiciales que ha recibido en cada país por entender que, a pesar de sus limitaciones, constituyen el mejor dato para reflejar cuantitativamente las relaciones entre la compañía y los Gobiernos locales. Sin embargo, esas cifras son tan dispares que la propia compañía alerta contra la tentación de hacer comparaciones entre países.

Por ejemplo, en Italia recibió en 2013 algo más de 600.000 órdenes judiciales para permitir interceptaciones entre sus clientes, pero fueron menos de las 49.000 en España, 75.000 en Hungría y tan solo tres en Francia. Vodafone no da datos sobre el número de órdenes recibidas en países como Reino Unido, Australia o Alemania, ya que en ellos son las propias autoridades las que ofrecen la información estadística.

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