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Líderes demócratas y activistas aplauden dictamen contra restricciones de asilo

logotipo de El Diario El Diario 11/21/2018 María Peña

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 Video proporcionado por Telemundo

WASHINGTON— Líderes de la oposición demócrata y activistas cívicos y de la comunidad pro-inmigrante aplaudieron este martes el dictamen de un juez federal en San Francisco (California) que bloquea temporalmente las restricciones impuestas por la Administración Trump a solicitantes de asilo en la frontera sur.

El juez federal, Jon Tigar, emitió anoche un dictamen de 37 páginas que frena temporalmente las restricciones impuestas por la Administración Trump, que prohíben el acceso al asilo a inmigrantes que no ingresan a EEUU por los puntos de entrada oficiales.

En su dictamen, Tigar dejó en claro que solo el Congreso puede anular o modificar leyes, y que el “Acta de Inmigración y Naturalización” (INA) de 1965 establece que toda persona solicite asilo, sin importar su estatus migratorio o por donde entró a EEUU.

El presidente Donald Trump “no puede reescribir las leyes de Inmigración para imponer una condición que el Congreso ha negado expresamente”, afirmó Tigar.

El dictamen responde a una demanda entablada por la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) el mismo día en que Trump firmó una proclamación para negar asilo a personas que no ingresen por los puntos de entrada al país,  pensada para frenar el avance de una caravana de inmigrantes centroamericanos.

La decisión de Tigar tiene alcance nacional y estará en vigor hasta el próximo 19 de diciembre, cuando el juez previsiblemente emita un segundo dictamen.

Celebran dictamen de Tigar

Líderes demócratas y grupos cívicos señalaron que la llamada “veda” a solicitantes de asilo, la mayoría centroamericanos, viola las leyes de EEUU y convenios internacionales.

Lee Gelernt, el abogado de ACLU que presentó los argumentos ante Tigar, dijo que la “veda es ilegal, pondrá en peligro la vida de las personas, y suena las alarmas sobre el incumplimiento del presidente Trump sobre la separación de poderes”.

“No existe justificación alguna para negar llanamente a la gente el derecho a solicitar asilo, y no podemos regresarla al peligro según cómo entraron. El Congreso ha sido claro sobre este punto durante décadas”, observó.

Por su parte, Baher Azmy, director legal del Centro para Derechos Constitucionales (CCR), otro de los demandantes, dijo que el dictamen sirve de contrapeso al Ejecutivo, al recordarle que no puede anular una ley de un solo plumazo y de forma “arbitraria y discriminatoria”.

Melissa Crow, abogada del Southern Poverty Law Center (SPLC), dijo que el dictamen “es un paso crítico en contra de la guerra del presidente Trump hacia los solicitantes de asilo” y envía un mensaje de rechazo a la práctica de negar asilo a quienes de todas maneras están siguiendo las reglas.

Benjamin Johnson, director ejecutivo de la Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU (AILA), dijo que la Administración no puede incumplir la separación de poderes cuando no le convienen, ni puede eliminar las protecciones establecidas por el Congreso para grupos vulnerables.

Mientras, los congresistas demócratas, Jerrold Nadler, de Nueva York, y Zoe Lofgren, de California, afirmaron en un comunicado conjunto que “nadie, incluyendo el presidente, puede reescribir las leyes de inmigración de la nación por cuenta propia”.

“En vez de estos esfuerzos ilegales y desacertados para eludir nuestras leyes, el presidente debe trabajar con el Congreso para lograr las necesarias reformas bipartidistas que nuestro sistema migratorio necesita”, subrayaron.

Pero Katie Waldman y Steven Stafford, portavoces de los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, respectivamente, repitieron en un comunicado conjunto el argumento de la Administración de que el sistema de asilo “está maltrecho y está siendo abusado por decenas de miles de reclamos sin mérito cada año”.

Agregaron que el Congreso le ha dado al presidente “amplia autoridad para limitar o incluso frenar el ingreso de extranjeros”, y que el asilo es un “beneficio discrecional” que la Administración otorga y solo si el solicitante reúne los requisitos.

El comunicado indica que la Administración continuará defendiendo su “ejercicio legítimo y bien razonado” para responder a la crisis en la frontera sur, aunque no precisa si apelarán el dictamen de Tigar.

La audiencia en el tribunal de San Francisco fue una de dos realizadas ayer lunes ante sendas demandas entabladas por la ACLU) y otros grupos cívicos desde que la Administración impuso nuevas restricciones.

La primera restricción, anunciada el pasado 9 de junio por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, niega el asilo a víctimas de violencia doméstica o violencia de las pandillas. El juez federal Emmet Sullivan realizó una vista ayer en Washington, pero no emitió dictamen.

La segunda surgió de un nuevo reglamento interino de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, y una proclamación complementaria que firmó Trump al día siguiente, y que prohíbe el asilo a personas que no entren por los puntos de entrada oficiales.

 

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