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Administración insiste en anular “Acuerdo Flores” y defiende detención prolongada de niños inmigrantes

logotipo de El Diario El Diario 9/18/2018 María Peña
Activistas han organizado protestas en varias entidades por la detención de niños inmigrantes. © Drew Angerer/Getty Images Activistas han organizado protestas en varias entidades por la detención de niños inmigrantes.

WASHINGTON — Funcionarios de alto rango de la Administración Trump defendieron este martes la idea de anular el “Acuerdo Flores” de 1997 para así permitir la detención prolongada de padres y niños inmigrantes, y uno de ellos defendió las condiciones en los centros de detención como “campamentos de verano”.

Durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, los funcionarios, Matthew Albence, a cargo de las operaciones de deportaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), destacó el incremento “significativo” en los cruces ilegales tanto de familias como de niños no acompañados en la frontera sur, un fenómeno que continúa aún con el reforzamiento de la vigilancia fronteriza.

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Para finales de agosto pasado, por ejemplo, las autoridades migratorias arrestaron a cerca de 53,000 niños no acompañados y a 135,000 miembros de “presuntas unidades familiares”. Esas cifras suponen un incremento marcado respecto al año fiscal 2017, cuando cerca de 49,000 niños no acompañados y 105,000 unidades familiares fueron arrestados durante todo el año fiscal, precisó Albence.

Como en otras ocasiones, Albence dijo que el “Acuerdo Flores” de 1997 –que estableció las condiciones para el alojamiento de menores bajo custodia federal y prohíbe la detención por más de 20 días- en realidad es “uno de los impedimentos más significativos” que afrontan los agentes de Inmigración para cumplir sus labores en la frontera.

Durante un tenso intercambio con la senadora demócrata por California, Kamala Harris, Albence defendió las condiciones “seguras” y “humanas” en los centros de detención para familias, donde reciben comida, techo, cuidado médico y recreación, y responsabilizó a los padres por el encierro de sus hijos.

© Proporcionado por Impremedia LLC Matthew Albence, a cargo de las operaciones de deportaciones de ICE, dijo que el “Acuerdo Flores” impide la labor de los agentes en la frontera. Foto: María Peña/Impremedia

El punto es que el padre cruzó ilegalmente, el padre puso (a la familia) en esa posición. Entraron ilegalmente al país y por eso están allí”, afirmó Albence.

Albence contestó con un simple “absolutamente, sí”, cuando Harris le preguntó si él mantiene su declaración de principios de agosto pasado de que estos centros de detención son como “campamentos de verano”. Pero evitó contestar si él enviaría a sus hijos a esos centros de detención, al replicar que consideraba la pregunta irrelevante.

Según Albence, en lo que va del año fiscal 2018 y hasta el pasado 31 de agosto, ICE ha iniciado 778 investigaciones sobre tráfico de humanos, ha realizado 1,410 arrestos relacionados con ese delito, y ha logrado 179 acusaciones formales y 425 condenas.

Sin embargo, no pudo precisar cuántos casos implican a padres que entran con sus hijos. La Administración ha insistido en que muchos adultos “se hacen pasar por padres” cuando en realidad son traficantes de personas.

Asimismo, Albence se quejó de que cuando las autoridades dejan en libertad a los menores o a las familias, “muchos no se presentan a sus audiencias judiciales” y deliberadamente ignoran las órdenes de deportación en su contra.

Por su parte, el subcomisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), Robert Pérez, afirmó que desde que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 20 de junio para frenar la separación de familias, las autoridades descontinuaron esa práctica.

“Las únicas instancias en las que las familias son separadas es si hay un elemento de parentesco falso, una situación criminal con el adulto y el niño, una situación de salud o de seguridad para el niño”, explicó Pérez, sin ofrecer cifras.

La audiencia también contó con los testimonios del subfiscal general adjunto interino, Joseph Edlow y la directora para asuntos de seguridad nacional de la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO), Rebecca Gambler.  Al igual que Albence y Pérez, tampoco pudieron evaluar el daño -bastante documentado- que el encierro tiene en los menores.

Varios senadores, entre éstos las senadoras demócratas Claire McCaskill y Heidi Heitkamp, destacaron que existen alternativas a la detención de familias menos costosas y más eficaces.

McCaskill señaló que la Administración bien podría contratar más jueces para agilizar la resolución de casos en los tribunales de Inmigración,  y recurrir a la tecnología y a una mejor supervisión de los inmigrantes en procesos judiciales.

“No tenemos por qué separar a las familias y crear un programa de prisiones familiares”, subrayó McCaskill.

Como parte de una protesta silenciosa, una treintena de activistas de la campaña “Families Belong Together” y del grupo “United We Dream” desplegaron mantas para denunciar que 12,800 menores se encuentran detenidos en albergues del gobierno y que “los niños están muriendo” en condiciones de encierro.

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Anahí Figueroa, de 19 años, una activista de “United We Dream”, viajó desde Commerce City (Colorado) para sumarse a la protesta porque, a su juicio, los niños no pertenecen en centros de detención.

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Harris lideró ayer una carta bipartidista junto a otros 74 miembros de ambas cámaras del Congreso en la que pidieron que el liderazgo republicano rechace cualquier enmienda al proyecto de ley de gastos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para el año fiscal 2019 para expandir los centros de detención de familias, o para debilitar las protecciones para los menores.

En la misiva, los legisladores destacaron algunas de las condiciones que afrontan los inmigrantes en las instalaciones de DHS, incluyendo inodoros sin puertas de privacidad,  poco agua y comida, ausencia de duchas, y temperaturas extremadamente frías, mientras que los menores son obligados a “dormir en pisos de cemento”.

La carta surgió en respuesta a la reciente solicitud del DHS y el Departamento de Recursos Humanos (HHS) de enmendar las regulaciones para tener más flexibilidad en los fondos, además de que DHS canalizó $93 millones para aumentar las camas en los centros de detención.

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