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Cierra organización que ayudaba en casos de inmigración en Orlando

logotipo de La Prensa La Prensa 11/19/2018 Roxana de la Riva
United by Faith Legal Ministry Inc debió cerrar luego de que el Departamento de Justicia le retiró la autorización para gestionar casos de inmigración. (Roxana de la Riva / La Prensa) © Roxana de la Riva / La Prensa United by Faith Legal Ministry Inc debió cerrar luego de que el Departamento de Justicia le retiró la autorización para gestionar casos de inmigración. (Roxana de la Riva / La Prensa)

La preocupación surgió cuando la organización comunitaria United by Faith Legal Ministry Inc. anunció que cerraba sus puertas. Inmediatamente la angustia alcanzó a más de 317 de sus clientes, inmigrantes que tienen casos pendientes con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). La organización operaba desde el 2015 proporcionando servicios de inmigración a bajo costo y recientemente tuvo que cerrar sus puertas porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos le negó la acreditación correspondiente para seguir gestionando casos.

Antonio Urdaneta trabajaba como representante legal y director de dicha organización. Aunque no era abogado, él estaba acreditado por el Departamento de Justicia y ejercía las mismas funciones que un abogado pero solo en casos de inmigración. “En la organización yo me encargaba de muchos de los casos”, señaló Urdaneta, de 27 años, quien obtuvo la certificación de representante legal cuando demostró que tenía un conocimiento amplio del derecho migratorio, que había tomado cursos, había sido voluntario. Así fue como obtuvo la acreditación.

Relató que alrededor de septiembre del año pasado el Departamento de Justicia recibió una queja de un abogado privado local de Orlando. En esa queja había ciertas alegaciones de que en United by Faith Legal Ministry Inc. no estaban haciendo bien el trabajo o que incluso no se le estaba diciendo a los clientes en qué capacidad Urdaneta estaba representando a las personas. Se alegó una “confusión intencional”.

Urdeneta aseguró que a cada cliente se le explicaba su carácter de representante legal y cada uno firmaba un documento donde les decía que era un representante legal y la diferencia con un abogado. La explicación era en español porque el 90% de sus clientes son de habla hispana, procedentes de Venezuela, México, Honduras y otros países latinoamericanos.

“En mi opinión la práctica privada se sintió sobrepasada por una entidad sin fines de lucro, porque un representante legal tiene muchas facultades en cuanto a derecho migratorio se refiere… representar a las personas ante la Corte, ir ante un juez, hablar por la persona, hacer comparecencia y apelar ante el ICE [Agencia de Inmigración y Control de Aduanas]. Todas estas actividades se pueden hacer con una acreditación. El volumen de trabajo que estábamos haciendo fue una piedra en el camino para la práctica privada porque nuestros costos son más bajos de lo que un abogado cobra en su bufete privado”, comentó Urdaneta.

Sin embargo, admite, que enfrentó la queja de un juez de inmigración que decía que no se presentó a una audiencia. Urdaneta recuerda que en esa fecha tenía dos casos el mismo día, de dos personas detenidas. Uno era en Pompano, Florida, y el otro en Kansas City, Missouri. Asegura que eso lo arregló y ninguno de sus clientes se vio perjudicado.

Para acceder a los servicios de su organización sin fines de lucro, el cliente divulgaba sus ingresos, proporcionaba el número de familiares que mantenía y tenía que llenar una solicitud indicando el por qué estaba acudiendo a los servicios. Dice que los clientes se ahorraban un 50% en los costos y a veces tomaban casos gratuitos, referidos por las iglesias, también hacían algunos procesos de ciudadanía gratuitos.

Otras organizaciones sin fines de lucro que trabajan de manera similar con acreditaciones del Departamento de Justicia son Caridades Católicas, Hope Community Center y Orlando Center for Justice.

Pero en el caso de United by Faith Legal Ministry Inc., la junta directiva tomó la decisión de disolver la organización y no ofrecer servicios legales ni otros servicios. Pero va a continuar operando hasta que el último cliente reciba su expediente.

“Mi interés en este momento es luchar por los 317 clientes que tenemos, entregarles su caso, y quiero agradecerles que pusieron en mí su confianza, a esas madres con hijos que sufrían persecución en sus países, que no tenían 10 o 15 mil dólares para pagar en la práctica privada. Será un honor en esta transición, que nos puedan contactar en esta oficina”, aseguró Urdaneta.

Dijo que están trabajando no solo en entregar el archivo de cada cliente sino en explicar en qué etapa esté el caso, si tiene citas con inmigración, si tiene que buscar un abogado o acudir a otra organización comunitaria. Están revisando los casos y entregando copia de los archivos en persona o se les envía con su autorización a su dirección postal.

“También estamos reembolsando el dinero, claro lo que corresponde en cada caso. Aunque no soy abogado somos una entidad que estaba practicando derecho y nos llevamos por las reglas del Colegio de Abogados, entonces esas reglas dicen que se debe reembolsar al cliente el dinero no utilizado en el tiempo en que se representó a ese cliente”, aseguró Urdaneta.

En un comunicado, el Departamento de Justicia menciona que hay una Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, siglas en inglés) que tiene un Programa de Prevención de Fraude y Abuso para salvaguardar la validez de los procedimientos de inmigración y luchar contra el fraude. Allí se notifica al asesor disciplinario y otras autoridades apropiadas los casos de presunto fraude, tergiversación o abuso relacionados con un abogado o representante acreditado.

“El fraude en los procedimientos de inmigración socava la integridad general del sistema de leyes de inmigración, impone cargas injustificadas a los contribuyentes y pone en riesgo la seguridad pública y la seguridad nacional”, se lee en un comunicado de James McHenry, director de EOIR.

Argelia García, quien acudió con Urdaneta para una petición familiar para su esposo, está muy molesta porque “según íbamos a recibir un cheque de reembolso y eso no es cierto, yo les pague $4,500 y no hicieron nada y solamente recibí un cheque de $2,000”.

Relató que hace 11 meses supo de United by Faith Legal Ministry Inc. por Facebook y se contactó con ellos. Explicó que lo único que hicieron fue enviar una solicitud de petición familiar, que según ella está mal porque un abogado que contrató le dijo que tenía muchos errores. “Yo le tengo que pagar a mi abogado para que lo corrija. No hay una explicación de lo que se hizo o no se hizo, estoy esperando esa carta con la explicación”, dijo García, de 38 años y quien vive en la Ciudad de Bradenton, a hora y media de Orlando.

Ella dice que acudió a esa organización porque vio que la gente hacía buenas recomendaciones y se animó a hacer una cita en la oficina ubicada en Orlando. “No se me hizo caro porque vimos a otro abogado que nos cobraba $7,000 pero era todo el proceso de petición familiar y de un perdón por haber entrado ilegal al país. En United by Faith Legal Ministry Inc. fueron $4,500, pero solo por la petición familiar”, dijo García.

En el caso del venezolano Anthony Armao, que empezó un trámite de asilo político hace tres años, la organización le entregó su expediente completo y le dijo que tenía que buscar un abogado y que le devolverían dinero si le correspondía. Armao recordó que pagó $2,000 el 11 de enero 2016 para su caso de asilo político y todavía no ha recibido una cita con el juez de inmigración, solo cartas para renovar su permiso de trabajo y notificaciones donde le dicen que debido a la alta demanda de asilo en USCIS, estaban tomando las citas de las personas que han llegado recientemente.

Armao agregó que por lo menos en United by Faith Legal Ministry Inc. “tuvieron la voluntad de hacer el llamado y avisar que ya no llevarían mi caso y me entregaron todos mis documentos. El dinero no sé, pero me dijeron que si tocaba una devolución lo enviarían a mi dirección o una carta para explicar en qué utilizaron el dinero”.

Aclaraciones con la organización

Si usted tiene un caso pendiente de inmigración con United by Faith Legal Ministry Inc. puede llamar al 407-721-4557 o visitar la oficina localizada en 2151 Consulate Dr., Suite 6, Orlando.

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