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Sigue la "purga" en Cataluña: renunció el jefe de Policía

logotipo de Clarín Clarín hace 5 días clarin.com

La purga, que ha le ha costado el cargo a cinco de los más altos cargos del gobierno catalán por no confiar en el referéndum unilateral del 1° de octubre, continuó hoy cuando dimitió “por cuestiones políticas”, el jefe de la policía catalana, Albert Batlle.

Se trata de una muerte política anunciada porque Batlle, miembro del Partido Demócrata (pujolistas) como el presidente Carles Puigdemont, insistía en que los Mossos de Escuadra, como policía judicial y miembro de las fuerzas y seguridad del estado, iban a cumplir estrictamente con los mandatos de la Constitución y el Tribunal Constitucional, eficaz herramienta institucional del gobierno de Mariano Rajoy para impedir el referéndum ilegal.

“Estoy convencido de que la policía (catalana) seguirá perseverando en la defensa y bienestar de los ciudadanos con escrupuloso respeto y sujeción a la ley”, señaló. Había reiterado que “los Mossos de Escuadra deben ser políticamente neutrales deben cumplir y hacer cumplir la ley".

Incluso se citó después del mediodía una frase de Batlle: “yo siempre cumpliré con la ley. Si me piden, legalmente que detenga a Puigdemont, lo haré”.

Todos estos conceptos fueron reiterados por Batlle en una carta a los Mossos y han aumentado la inquietud que ya existía en profundidad, con los policías catalanes porque están en juego su empleo y sueldo como funcionarios, pero con el agravante de que si para que se cumplan las sentencias del Constitucional se niegan serán declarados en “desacato”, un delito con penas de prisión.

Los Mossos de Escuadra son, según el estatuto de Autonomía de Cataluña, la policía de la Generalitat (gobierno) integrada en las fuerzas y seguridad del estado como los militares, la Guardia Civil y, por ejemplo, los guardia vascos y navarros de las policías forales.

Sus sueldos los paga el Estado y no la Generalitat. Tienen un total de 18.500 efectivos altamente profesionalizados y con excelente material para su trabajo de seguridad, que extienden sus tareas por toda la Comunidad Autónoma.

Para el gobierno de Rajoy en la peor crisis institucional española de la Transición, la lealtad de los Mossos es un problema esencial para asegurar que la legislación española se cumpla estrictamente. Las fuentes consultadas insisten en que el ejecutivo español no duda de la disciplina de la policía catalana y, por eso, no piensa hacerse cargo de su control como lo autoriza el artículo 155 de la Constitución.

Este es un criterio que comparten, sin dudas, la Guardia Civil y la Policía Nacional, las otras dos fuerzas del estado en Cataluña, sobre la obediencia a la ley por los Mossos.

Los secesionistas entienden lo contrario. La policía catalana se mantendrá leal a la Generalitat, cumplirá sus órdenes y, sobre todo, se negará a obedecer a los magistrados que quieran ejecutar acciones para cumplir con las sentencias del Constitucional.

A dos meses y medio del día del referéndum declarado ilegal, el 1° de octubre, existe un calendario de fechas claves cuyas efemérides más importantes son a finales de agosto cuando en el parlamento catalán será registrado el proyecto de la Ley del Referéndum declarada por el gobierno “ley suprema” de la legalidad catalana que no reconoce ninguna instancia superior.

De hecho es una ley de ruptura entre las legalidades catalana y española. No existe si se realiza un referéndum organizado por los independentistas en el gobierno, ningún mínimo necesario para proclamar el resultado. En el caso previsible de que triunfara la opción separatista en un plazo de 48 horas, el 2 o 3 de octubre, debería proclamarse la independencia catalana que sería ratificada por la mayoría absoluta parlamentaria.

Ese proyecto ilegal sería “tumbado” en 24 horas por el Tribunal Constitucional después de que lo requiriera el gobierno, aclaró la vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaria. La iniciativa sería ilegalizada por el Alto Tribunal como ha venido sucediendo con todas las presentadas por los secesionistas. Aclaró, además, que en caso de incumplimiento de esas resoluciones el Constitucional procederá contra instituciones, empleados públicos o particulares para imponer multas, que llegan hasta los 30.000 euros y pueden superar esa cantidad”. Se suspendería a funcionarios, incluidos los Mossos, como a responsables políticos.

La aplicación de estas medidas han precipitado las purgas porque los embargos pueden acabar con el patrimonio de los castigados y sus familias.

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