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Jubilados que cobran menos de 600€: de las chapuzas a los bancos de alimentos

Logotipo de La Información La Información 02/06/2019 Enrique Morales
© Proporcionado por Henneo Corporacion Editorial S.L.

La defensa de unas pensiones dignas ha movilizado durante los últimos meses a miles de jubilados de toda España y las plataformas, asociaciones e incluso los partidos -con escaso éxito- integrados básicamente por septuagenarios se han multiplicado para dar la batalla por unas prestaciones públicas que, aseguran, tendrían que revalorizarse con el Índice de Precios al Consumo (IPC) y que nunca deberían ser menores a mil euros. Sin embargo, las pretensiones de los jubilados se encuentran a día de hoy muy lejos de la realidad, en un escenario en el que el medio plazo las prestaciones no podrán afrontarse solo con las cotizaciones y serán necesarias profundas reformas y en el que una de cada tres prestaciones todavía es menor de 600 euros.

En España, hay 3,7 millones de pensiones -contributivas y no contributivas- por debajo de 600 euros, según los últimos datos de la Seguridad Social y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), una cantidad que hace muy difícil afrontar el día a día y que obliga a muchos pensionistas a recurrir a la beneficencia, a compartir casa e, incluso, a buscar unos ingresos extra en la economía sumergida para subsistir. Desde pequeños recados, pagados como propinas; al cuidado de los nietos para que sus padres puedan trabajar a cambio de una paga mensual; a chapuzas y trabajos de albañilería o electricidad o transporte de viajeros a través de plataformas digitales.

La ingeniería doméstica de los pensionistas se repite en la mayor parte de España, pese a que la diferencia de las cuantías puede llegar a un 80% en la comparativa entre regiones, y es básica en las viudas y en los beneficiarios de las no contributivas, que perciben de media 385 euros. Siete de cada diez pensionistas tienen su prestación como único ingreso, más de la mitad de los jubilados cobra menos de los 900 euros que suponen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y casi la mitad asegura tener serias dificultades para llegar a fin de mes, según un informe elaborado por la Fundación Edad&Vida.

Emilio, un jubilado orensano de 69 años, una provincia en una situación crítica en la que ya hay menos ocupados que personas recibiendo prestación y que tiene las pensiones medias más bajas de España, cobra 630 euros después de haber trabajado como autónomo durante casi tres décadas. Con un camión recorrió toda España durante 32 años, pero cotizó por el mínimo. "Ahora puedo vivir sin muchos caprichos porque tengo casa propia y gracias a unas viñas y unas huertas que me dan dinero extra. Los gastos no son muchos aquí, pero la pensión no da para ningún lujo", asegura.

El caso de Ángel, un pensionista que prefiere no dar su nombre real, resulta todavía más peculiar. Apenas lleva dos años retirado, pero asegura que con apenas 650 euros de pensión no podía afrontar un alquiler en España y los gastos que genera la vivienda -electricidad, agua, gas...- y por eso decidió hacer las maletas y marcharse a vivir a Marruecos, a una medina. Allí asegura que apenas paga 150 euros por su casa y destaca que la factura de luz solo es de 20 euros, lo que le permite tener dinero del que antes no disponía para otros gastos.

Compartir casa es una de las opciones a las que abocan las bajas pensiones, con las que resulta imposible afrontar un alquiler de forma individual. Josefina C., una viuda que vive en el barrio madrileño de Tetuán, tiene una pequeña vivienda, pero sus escasos ingresos, por debajo del umbral de la pobreza, le impedían hacer frente a otros gastos básicos e, incluso pequeños arreglos en una casa de más de 80 años. Por esa razón decidió subarrendar una de las dos habitaciones que tiene su casa a un matrimonio ecuatoriano, "que además me hace compañía y me cuida", asegura. Dos de cada diez personas mayores se ven obligados a compartir su casa, según datos de pisos.com.

Mientras Carmen -nombre ficticio-, una jubilada de 76 años que reside en Portugalete (Vizcaya), lleva meses pagando una vivienda de alquiler de más de 600 euros con una pensión de 650 euros. Recibe ayuda del consistorio, lo que le permite subsistir pero con muchos problemas. Hasta hace unos meses compartía la casa con un matrimonio, pero al fallecer el marido, el dinero procedente del piso compartido dejó de llegar. Ahora trata de buscar otras alternativas, pero la desconfianza hacia nuevos compañeros de piso hace que de momento siga sola y destinando casi el 90% de la pensión a la vivienda.

Los bancos de alimentos, imprescindibles

Algo más de 166.000 madrileños se beneficiaron el año pasado del reparto de comida gratuita procedente del Banco de Alimentos de Madrid y una buena parte de ellos eran mayores de edad, que con prestaciones por debajo de 400 euros -pobreza severa- debieron recurrir a esta opción que les permitió afrontar otros gastos urgentes. En esta línea trabaja el impulsor de la plataforma Pensionistas de España por su Dignidad, Pablo García, que pretende poner en marcha el reparto de comida gratuita en Pizarra, la localidad malagueña, de algo más de 9.000 habitantes, en la que reside.

García reconoce que a través de las redes sociales, que maneja con soltura, se pueden plantear muchas cosas y abrir muchos debates, pero muchos pensionistas, con ingresos muy bajos, tienen serios problemas económicos y requieren otro tipo de ayudas, como los bancos de alimentos. Asegura que los responsables del Ayuntamiento de Pizarra ya se han comprometido a facilitarle un local y que ya tiene el visto bueno de Bancosol, una entidad no lucrativa que facilita alimentos para personas en riesgo de exclusión social, para poner en marcha su iniciativa.

¿Cómo garantizar pensiones dignas?

Por su parte, Julián Gutiérrez, secretario general de la Federación de Jubilados y Pensionistas de Comisiones Obreras (CCOO), advierte de la diferencia de la cuantía de las pensiones entre comunidades. En Cataluña, los jubilados cobran de media 1.024 euros y las viudas, 715; pero en Extremadura descienden a 822 y 658, que quedan en este último caso en 512 en Lugo. "Con esas prestaciones muchos pensionistas no pueden siquiera tener la casa a una temperatura adecuada en invierno y eso causa enfermedades e incluso muertes. Cada año fallecen 7.000 personas por no tener una casa con las condiciones adecuadas para vivir", asegura.

"Muchos de estas personas viven en edificios antiguos, expuestos a derramas constantes, que les trastocan el presupuesto mensual, y si ese mes se le rompe la lavadora o la nevera, el dinero no llega ni para pagar lo básico. Sin embargo, también hay que resaltar que un 30% de los hogares se mantienen gracias una pensión. Hay miles de viudas que dan de comer a sus hijos en paro con unas prestaciones mínimas", admite.

Gutiérrez apunta algunas medidas defendidas por su sindicato para garantizar a medio plazo la sostenibilidad de las pensiones. "Sería necesario destopar las bases máximas de cotización. En otros países europeos están destopados hasta incluso los 100.000 euros, pero en España, a partir de 46.000 euros de retribución ya no se cotiza a la Seguridad Social. Se podrían ingresar 7.500 millones de euros y, lógicamente, esa gente tendría que tener una pensión más elevada en una proporción que sería necesario negociar".

El dirigente sindical también apunta la necesidad de que los autónomos estén integrados en el régimen de la Seguridad Social, lo que contribuiría a que cotizasen más y a mejorar la cuantía de su pensión, "porque el 40% de los autoempleados necesitan complementos para alcanzar la pensión mínima, un 60% en el caso de las mujeres". También apuesta que los gastos que genera la gestión de la Seguridad Social no salgan de la caja del organismo y sí de los impuestos.

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