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Sánchez da un colchón de 580 millones a los pensionistas en año electoral

Logotipo de El Mundo El Mundo 22/03/2019 CÉSAR URRUTIA

El año electoral supondrá un año perdido en la reducción del déficit en las cuentas públicas y un ejercicio de ganancia para millones de pensionistas, que cuentan ya con la garantía del Gobierno para que, con independencia del cierre de la inflación en 2019, la revalorización de sus prestaciones no sólo iguale la subida general de precios sino que la supere ampliamente. El mantenimiento de este compromiso con el colectivo de pensionistas tiene un coste de alrededor de 580 millones de euros sobre la principal partida de gastos del Estado: las pensiones, con más de 144.000 millones de euros. Y tiene su justificación en el compromiso del presidente del Gobierno de conceder a las pensiones una revalorización del 1,6% con independencia de la marcha del conjunto de la economía o de los compromisos fiscales. Así, sucede que al tratarse de una revalorización superior a la estimada para los precios, los pensionistas pueden dar por descontado que cuando concluya el año electoral ganarán poder de compra.

El Banco de España avanzó el pasado martes su diagnóstico sobre la marcha de la economía, estableciendo una previsión de inflación del 1,2% para el presente ejercicio. El dato está en línea con el que han avanzado fundaciones y centros de estudios como Funcas o BBVA Reserach, que esperan una inflación media de entre un 1,1% y un 1,3%, y que evidencian una sensible caída desde el dato medio del 1,7% en el que se cerró 2018.

De esta manera, la diferencia de cuatro décimas entre la estimación del regulador y el 1,6% con el que el Gobierno primará las pensiones representará la segunda ocasión en que el Ejecutivo ignora el decreto de 2013, que es el que limita la revalorización de las prestaciones al 0,25% mientras la Seguridad Social presentara una situación de déficit. Los 580 millones de euros que añadirá Sánchez al gasto para una revalorización en pensiones conforme al poder adquisitivo general se consolidarán para futuros ejercicios, de modo que la desviación de cuatro décimas de 2019 se acumulará en los derechos sobre la Seguridad Social de los actuales y los nuevos beneficiarios. Sánchez espera satisfacer así las demandas del colectivo que más concesiones ha sabido arrancar al Estado a base de movilizaciones en el último año y medio. Si se compara con el tope del 0,25% establecido por el anterior Ejecutivo en 2013, las subidas de 2018 (1,7%) y 2019 (1,6%) supondrán un coste total de 3.200 millones, según las estimaciones de BBVAResearch.

Pero la realidad es que, más allá del año en el que se concentrarán tres procesos electorales en apenas dos meses, el problema financiero del sistema seguirá ahí, con el importe de la revalorización anual de cerca de 10 millones de prestaciones como uno de sus asuntos políticamente más espinosos. En abril de 2018 el ex ministro Montoro presentaba los Presupuestos «más sociales de la historia», que estaban «pensados para los pensionistas» con subidas para las pensiones mínimas y de viudedad, dirigidas a aplacar al colectivo. Ocho meses después, ya desde el nuevo Gobierno socialista, Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, señalaba que no hay partido capaz de enfrentarse solo a una fuerza en la calle de 10 millones de votos.

En esas mismas fechas, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, anunciaba una propuesta a los agentes sociales para que las pensiones se revisaran cada año con un indicador ligado a una media del IPC interanual de los últimos 12 meses. Este mecanismo, que sustituiría oficialmente a partir de 2020 al índice de revalorización de las pensiones actual por el cual estas suben un 0,25% mientras la Seguridad Social tenga déficit, haría que las pensiones subieran conforme al IPC de todo el año, en lugar del método tradicional que toma un mes concreto.

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