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Los alumnos de Bachillerato tendrán derecho a ver las actas de evaluación y saber por qué se les suspende o se les obliga a repetir

Logotipo de El Mundo El Mundo 05/12/2021 OLGA R. SANMARTÍN
Los alumnos de Bachillerato mayores de edad tendrán derecho a saber por qué sus profesores les suspenden o no les dejan pasar de curso y podrán leer incluso el contenido de las actas de evaluación. Es uno de los cambios de última hora recogidos en el proyecto de real decreto del Bachillerato, al que ha tenido acceso EL MUNDO, que genera recelo entre una parte del profesorado porque se interpreta como un cuestionamiento de su labor. El artículo 28 del borrador contemplaba el derecho de los padres a "conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción" de sus hijos, así como "al acceso a los documentos oficiales de evaluación y a las pruebas y documentos que se realicen", en sintonía con lo que también decía la Lomce del PP. Ahora la novedad es que también pueden intervenir los propios estudiantes al cumplir los 18 años. Se ha añadido por primera vez que estos derechos "se hacen también extensivos al alumnado mayor de edad, sin perjuicio de que los padres, madres, tutores o tutoras legales de estos puedan hacerlos igualmente efectivos si justifican el interés legítimo". Hasta el momento, el alumno podía pedir revisión de examen y lo habitual era que, si había suspendido o tenía que repetir curso, sus profesores se reunieran con él y le explicaran cómo le habían visto y qué necesitaba mejorar. Pero ahora esta práctica se convierte en un derecho recogido en un texto legal, una vieja reivindicación de los que abogan por que los estudiantes tengan más peso en la toma de decisiones de la escuela, especialmente la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), en buena sintonía con los partidos del Gobierno de coalición. El problema es que este cambio se produce en un contexto en el que buena parte del profesorado se siente más cuestionado que nunca porque laLey Celaá permite pasar y obtener el título sin tener todas las asignaturas aprobadas y obliga a que todas las decisiones se tomen de forma colegiada entre todos los docentes para impedir a toda costa la repetición de curso. Los alumnos pueden graduarse en Bachillerato y hacer la Selectividad con un suspenso. Los profesores consultados creen que este nuevo derecho se puede utilizar por los estudiantes para "disuadirles" o "intimidarles" y forzarles al aprobado. Mario Gutiérrez, responsable de Educación del sindicato CSIF, dice que "esto es un paso más, dentro del espíritu de coartar o reducir la autoridad docente para fomentar una evaluación compartida que no hace sino poner en duda las decisiones docentes de evaluación". "Ponen al mismo nivel al profesor, que es el que tiene que decidir, y al alumno. Es una forma de dejar en evidencia al docente ante la Inspección", añade. "Con este tipo de medidas se van a cargar todo, porque los profesores van a aprobar a los alumnos para quitarse de problemas. En las sesiones de evaluación pueden salir aspectos que no es conveniente decir a la cara a un alumno. ¿La transparencia es lo mejor? No siempre. Yo quiero poder hablar con mis compañeros sobre los alumnos con total libertad. Se acabarán grabando las sesiones y tendremos que montar reuniones clandestinas para decir las verdades", interpreta un profesor de Lengua de Bachillerato de un instituto del suroeste de la Comunidad de Madrid. Otro catedrático de instituto de Historia de la provincia de Barcelona apunta que el profesor, en realidad, "no tiene obligación de enseñar a los padres todos los exámenes de sus hijos". "¿Cómo pueden valorar, por ejemplo, una evaluación de Matemáticas si no son especialistas? ¿Y por qué los pacientes no se ponen a revisar los diagnósticos de los médicos?", se pregunta. El proyecto de real decreto y sus anexos, de más de medio millar páginas, previsiblemente se aprobarán a final de mes, junto a los desarrollos curriculares de Infantil, Primaria y la ESO con el fin de comenzar a funcionar en colegios e institutos a partir del curso que viene. En él se contempla que la nota de la asignatura de Religión ya no cuente para la media y no sirva, por tanto, para pedir becas, una novedad de la Ley Celaá.

Bachillerato General

Por otro lado, la ministra Pilar Alegría ha subido de rango la asignatura de Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial, después de que se quejaran los docentes que imparten esta materia. Pasará de ser de oferta optativa a oferta obligatoria en el Bachillerato General, una nueva modalidad más light donde podrán matricularse los alumnos que no tengan muy claro lo que quieren estudiar. El cambio fuerza a los centros a ofertar esta asignatura, así como la de Movimientos Culturales y Artísticos, aunque los alumnos pueden no escogerla. Historia de España también ha ganado simbólicamente, pues está la primera en la lista, como otros años, por delante de Historia de la Filosofía. Otra novedad es que los alumnos de FP de Grado Superior podrán conseguir el título de Bachillerato General mediante la superación de las materias comunes, al estilo de lo que se hace en Francia, donde la FP es una modalidad de Bachillerato. El currículo, que se ha remitido al Consejo Escolar del Estado y a las CCAA para ser debatido en los próximos días, es menos farragoso y menos moralista. El Ministerio ha tachado toda la parte del principio para quitarle relevancia al confuso "perfil de salida", que generaba desconcierto entre los docentes. Han desaparecido objetivos para el alumnado como "sentirse parte de un proyecto colectivo desarrollando empatía y generosidad", "adoptar una posición ética exigente" o "ejercer un control social frente a la vulneración de sus derechos como consumidor".
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