El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 ya ha iniciado su tramitación parlamentaria y, tras recibir el visto bueno del Consejo de Ministros la semana pasada, ahora debe sumar apoyos en el Congreso de los Diputados para recibir la aprobación definitiva. Pese a las disensiones sobre el tipo mínimo del impuesto de sociedades y la regulación del alquiler, el Gobierno de coalición prevé que las próximas cuentas públicas entrarán en vigor a tiempo.

El borrador presupuestario, que el Ejecutivo ha destacado que concreta el mayor alza histórica del gasto social, no se ve acompañado sin embargo por alzas fiscales destacadas como en las cuentas para 2021, aunque los presupuestos prevén aumentar un 8,1% la recaudación fiscal gracias a mejores resultados en casi todos los impuestos, con un 6,7% más en el IRPF, un 11,8% más en sociedades y un 9,5% más en el IVA.

Dentro de esa mayor recaudación para las arcas del Estado por parte del IRPF se incluye uno de los cambios más destacados en materia fiscal que incluye el proyecto presupuestario del Gobierno, que es la reducción de desgravaciones a los planes privados de pensiones, que limitará las aportaciones deducibles a 1.500 euros frente a los 2.000 euros a los que se redujo en los presupuestos del año pasado.

La reducción de la cantidad desgravable dentro de las aportaciones a los planes privados de pensiones elevará la recaudación del IRPF en 94,5 millones de euros, según consta en el proyecto de presupuestos para 2022 y recoge Vozpópuli, que aclara que esas deducciones restaron el año pasado 936,7 millones a la recaudación de impuestos y el borrador de cuentas públicas prevé que esa cantidad se reduzca a 842,18 millones en 2022.

Esta medida es una de las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y del Pacto de Toledo para abordar la reforma del sistema público de pensiones que el Ejecutivo ya incluyó en su borrador de cuentas públicas para 2021 y vuelve a hacerlo en el de 2022, con la intención de desincentivar los planes privados de pensiones en beneficio de los planes de empresa.

De hecho, mientras se reduce el máximo deducible en los planes privados de pensiones, aumenta en la misma medida, de 8.000 a 8.500 euros, el tope bonificable por contribuciones empresariales de compañías o empleados a planes de empleo, según el medio digital, que destaca que estas 2 medidas no tendrán impacto en las arcas públicas hasta 2023, cuando los contribuyentes presenten las declaraciones de la Renta de 2022.

El ministro de Seguridad Social asegura que los españoles dependen "demasiado" de las pensiones públicas para su jubilación

En cuanto al impacto de la medida, el Gobierno ha asegurado que más del 70% de las personas que realizan aportaciones a un plan de pensiones privado invierten menos de 1.500 euros al año. Un argumento similar se esgrimió en 2020 cuando se limitó la cantidad deducible de 8.000 a 2.000 euros, señalando que este cambio afectaría exclusivamente a un 8% de beneficiarios de planes de pensiones privados, que supone en torno a medio millón de personas.

Los datos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones reflejan que la mayoría de los beneficiarios de este sistema complementario de jubilación, un 67,5%, no hizo ninguna aportación económica durante 2018 a su plan, lo que supone unos 5,1 millones de personas, mientras que un 13,6% ingresó entre 300 y 900 euros en todo el año, lo que se traduce un millón de pensionistas.