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Junts pel Sí planeaba resucitar la 'mili' en la Cataluña independiente para su defensa

Logotipo de El Mundo El Mundo 14/11/2017 elmundo.es
El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d) junto al ex vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras / EFE © EFE El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d) junto al ex vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras / EFE

No lo decían en público, pero en privado los miembros de Junts pel Sí estudiaban en profundidad medidas sorprendentes para una Cataluña independiente o incluso con el estatus autonómico actual. Los correos incautados por la Guardia Civil en el Departamento de Economía en el marco de la investigación de la creación ilegal de estructuras de Estado, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, revelan que la coalición que estuvo al mando de la Generalitat hasta el pasado mes llegó a barajar proyectos como la restauración del servicio militar obligatorio.

Un informe interno encargado por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) aconseja reinstaurar el servicio militar obligatorio a pesar de que "tiene una imagen muy negativa entre los catalanes debido a la asociación mental que se hace con el ejército español". No obstante sostiene este estudio, coordinado por el eurodiputado Jordi Solé y dirigido a Oriol Junqueras, que "el modelo de estados sin ejército presenta inconvenientes".

Una prueba es el documento interno confidencial llamado La Seguridad en la República Catalana, primeros planteamientos, elaborado por un grupo de asesores de Esquerra Republicana bajo la coordinación del eurodiputado Jordi Solé y el director de la Fundación Josep Irla.

Fue dirigido con destino "a Oriol [Junqueras] y Marta [Rovira]" y señala la necesidad de estudiar con qué ejército defender el futuro país independiente. "La república catalana deberá plantearse si querrá un cuerpo de ejército y cómo será, si compuesto por profesionales o por milicias, y qué rol internacional quiere tener".

El estudio equipara Cataluña con "Austria, Dinamarca o Suiza" como "países comparables" y el indicador medio en todos ellos es de 250 soldados por cada 100.000 habitantes, por lo que "hay que considerar entre 18.000 y 22.000 en Cataluña".

Formar un ejército de ese tamaño es costoso, por lo que una salida es la vuelta de la llamada "mili", lo cual, según el informe, podría ser impopular, pero no hay que descartarlo en un futuro.

"Hay que considerar que el servicio militar obligatorio tiene una imagen muy negativa entre los catalanes debido a la asociación mental que se hace con el Ejército español. Sin embargo, las características concretas del cuerpo de defensa se pueden trabajar más adelante en un futuro debate", deja abierto el documento. En todo caso, su opinión es que no cabe seguir el modelo de países sin ejército como Costa Rica. "El modelo de los estados sin Ejército presenta inconvenientes tanto por su dependencia externa como por su propia seguridad". Obliga además "a readaptar la Policía a prácticas militares y a gastos similares a los de los países con ejército".

Otra medida sorprendente estuvo a punto de tomarse ya la pasada primavera, cuando el Parlament catalán aprobó una ley que permitía y regulaba el consumo de cannabis. Según los correos incautados, Junts pel Sí planeó acompañarla de un impuesto que financiara su inspección y control además de otras políticas.

La diputada de esta formación política Alba Vergés lo defiende en un correo electrónico: "Está bien que conste una nueva ley sobre un tema que mueve mucho dinero; que también se saquen ingresos públicos para hacer políticas". Por tanto proponía al departamento de Junqueras una disposición adicional en la ley con esta redacción: "El Gobierno de la Generalidad debe presentar un proyecto de ley con el objeto de crear, bajo los principios de equidad y de eficiencia, un nuevo impuesto propio sobre las actuaciones incluidas en el autoabastecimiento del cannabis y constituir, como ámbito de aplicación subjetiva de este tributo, las asociaciones y los clubes de cannabis que constituyen el ámbito de aplicación de esta ley".

El destino del dinero sería sanitario: "Este impuesto se afectará a un fondo de salud pública, con el fin de promover, impulsar y fomentar las políticas de gestión de la prevención de riesgos y reducción de daños".

La entonces directora general de Tributos y Juego, Marta Espasa, reaccionó en contra, porque acababa de sufrir en aquel mes de mayo la tormentosa introducción de la llamada tasa Coca Cola sobre bebidas azucaradas en contra de informes internos y sabía que la CUP estaba reclamando un impuesto sobre vehículos contaminantes sin tener el censo.

Por eso escribió así al secretario de Hacienda, su superior Lluís Salvadó: "Ostras, ¡ahora un impuesto sobre cannabis!". Y le preguntó "¿Digo que no?". Junqueras optó por dejar la creación del impuesto para más adelante y no quedó incluido en la ley que el Gobierno central acaba de recurrir ante el Tribunal Constitucional por considerar que vulneraba competencias exclusivas del Estado y trataba de regular y dar amparo legal a actividades que están tipificadas como delito en el Código Penal.

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