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La confesión de Pujol

Logotipo de La Vanguardia La Vanguardia 05/06/2021 Manel Pérez
El expresidente Jordi Pujol, en mayo del 2018 © Marta Pérez / EFE El expresidente Jordi Pujol, en mayo del 2018

Jordi Pujol ha conseguido fijar en el imaginario público la idea de que en julio del 2014 hizo una confesión, una declaración sincera de lo que sabía, cuando reveló que su familia había ocultado a Hacienda durante más de treinta años hasta cuatro millones de euros en cuentas bancarias andorranas. El mito está plenamente vigente y ahora se pretende utilizarlo para pasar página y habilitarse públicamente.

Lo compró gran parte de la sociedad catalana, también los medios de comunicación. Una predisposición a aceptar el relato propuesto, que ponía de manifiesto una credulidad extrema y la dificultad de aceptar que la cangrena de la corrupción había llegado, también en Catalunya, a la más alta cima institucional.

Pero, tras años de historias, investigaciones, fallidas instrucciones judiciales, sucias maniobras del Estado, las evidencias emergen. Y el relato, para empezar, choca no solo con lo que arroja la escasa documentación relevante incluida en la instrucción judicial, la enviada por las autoridades andorranas, dando cumplimiento a una comisión rogatoria de la Audiencia Nacional española. En ella se puede leer que el titular de la cuenta número 63810-2, abierta el 21 de septiembre del 2000 en la Banca Reig (más tarde Andbank) era Jordi Pujol Soley, el president. Ese día, su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, abrió la cuenta e ingresó 307 millones de pesetas, e hizo constar que “era titular (...) con carácter estrictamente fiduciario, es decir por cuenta y en interés exclusivo de un tercero (...) que el real propietario de los bienes depositados es Jordi Pujol Soley”. Y apenas cinco meses después, el aún president de la Generalitat envió al banco una carta con membrete y manuscrita reiterando lo manifestado por su hijo y legando el dinero, en caso de muerte, a su esposa, Marta Ferrusola. Un elemento crucial para entender el asunto, del que nunca se habla.

Pero es que, además de la documentación, las fuentes consultadas por este diario aseguran que gran parte de los fondos depositados en esa cuenta fueron enviados en efectivo [así ingresaron en la banca andorrana], directamente por un grupo de personas, desde Barcelona para beneficio exclusivo del aún president .

ESPAÑA JORDI PUJOL:GRAF1322. BARCELONA, 07/05/2018.- El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol a su llegada al homenaje que la entidad Amics de Jordi Pujol le ha rendido hoy en Barcelona. EFE/ Marta Pérez © Marta Pérez / EFE ESPAÑA JORDI PUJOL:GRAF1322. BARCELONA, 07/05/2018.- El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol a su llegada al homenaje que la entidad Amics de Jordi Pujol le ha rendido hoy en Barcelona. EFE/ Marta Pérez

Frente a esas evidencias, el patriarca se ha refugiado tras un alambicado culebrón en el que las mentiras –en efecto, se reconocen– se le dijeron solo al banco andorrano, no a la opinión pública o a la justicia al saltar el escándalo. Habrían formado parte de un culebrón protagonizado por su hijo mayor y su esposa en el que el expresident habría actuado simplemente como padre protector. Ese ha sido el alegato defensivo ante la justicia.

La confesión no era tal: fue un relato de conveniencia para la defensa legal y la posterior rehabilitación pública

En perspectiva, parece más razonable acordar que la confesión nunca existió. Y lo que el expresident divulgó en aquel verano del 2014 no fue ni veraz, ni completo. Pero es que, sobre todo, no pretendía ninguna de las dos cosas. Más parece un cuento de conveniencia.

La sociedad catalana estaría más cerca de la realidad si, aplicando el escepticismo que se emplea en otros casos, se atendiera más a los hechos y se formulase las preguntas esenciales. Y no hablamos de la instrucción judicial. Esta apenas ha aclarado nada, ha estado siempre sometida a la manipulación de los aparatos policiales y la presión interesada del interés político contra el procés. Ha buscado indiscriminadamente cómplices, muchos de los cuales aparecen en la causa porque alguna vez hace décadas tuvieron algún contacto con algún miembro de la familia, pero no ha desvelado nada relevante relacionado con el 3% famoso que durante décadas ha señoreado las adjudicaciones públicas. Deslabazado corta y pega. La justicia ha llegado tarde y mal, como casi siempre, y ya no está en condiciones de corregir nada.

Pero ¿qué pasa con la inquietud social, de la que la periodística debería ser su vanguardia? La confesión de Pujol fue concebida, primero, para ofrecer una interpretación de los hechos que dejase ya establecida desde buen comienzo la línea de defensa penal. No es reprobable, se trata de lo habitual cuando una persona se enfrenta a la acción de la justicia. A modo de resumen: no había delito por parte del principal afectado, Jordi Pujol Soley. Este, en su carta pública, solo se reconocía responsable de no haber obligado a su familia a declarar a Hacienda la deixa del avi Florenci. Nunca admitió ser el propietario ni tan siquiera de una parte de los fondos. Se trataría pues de un pecado menor, de vigilancia. Es de justicia reconocer la alta pericia técnica de los asesores legales del expresident a la vista del éxito obtenido y de la resistencia del relato.

La fórmula de la confesión permitía contextualizar los hechos de manera que fuera posible mantener viva la esperanza de una futura reconciliación con la sociedad, la parte de Catalunya de la que Pujol fue siempre la referencia. Ahora, tras seis años de la supuesta confesión del pecado –acotado, venial– y la posterior expiación, la penitencia, el expresident ya ve llegado el momento de darse por perdonado y recuperar la autoridad en la sociedad. De decirle, otra vez, qué puede y debe pensar.

Los Pujol, a través de la carta del padre, reconocieron un comportamiento fiscal inapropiado o inmoral, en el que el patriarca tenía tan solo un papel pasivo, de responsabilidad in vigilando. Una muy cuestionable limitación de competencias en quien dirigió Catalunya con conspicua autoridad durante más de dos décadas.

Los únicos documentos relevantes del caso revelan que el expresident era titular de una cuenta en Andorra

A la aceptación social de esa historia truculenta ha contribuido sobremanera la delictiva actuación de los aparatos del Estado, especialmente del Ministerio del Interior, cuando estaba dirigido por el ministro Jorge Fernández Díaz, con la cobertura de su presidente, Mariano Rajoy. El comisario Villarejo y sus muchos muchachos. Y la complicidad de los poderes públicos, antes y ahora, con su sistemática negativa a investigar ese comportamiento ilícito de sus altos funcionarios policiales. Inventores de historias, conseguidores de información violando las leyes y abriendo causas sin apenas base legal. La legítima desconfianza social hacia un Estado que emplea tales métodos está permitiendo borrar los pecados propios echando mano de los ajenos. Al final, con el paso del tiempo, se fija una visión para la historia que desdibuja la turbia realidad de una época crucial del país.

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