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Los socios nacionalistas del Gobierno le exigen que obligue a Netflix a producir en catalán y vasco

Logotipo de El Mundo El Mundo 21/09/2021 RAÚL PIÑA
Gabriel Rufián, durante su encuentro de hoy con Félix Bolaños. © Unidad Editorial, S.A. Gabriel Rufián, durante su encuentro de hoy con Félix Bolaños. La relación entre el Gobierno y sus socios de gobernabilidad es una constante montaña rusa, con altibajos, exigencias, acuerdos, amenazas... La Ley Audiovisual que ultima el Ejecutivo supone un nuevo capítulo. Formaciones nacionalistas como ERC, PNV o Bildu le exigen que la normativa establezca un cupo de producción audiovisual en lenguas cooficiales. Algo que obligaría, por ejemplo, no sólo a los grupos de comunicación habituales, si no a plataformas como Netflix, Amazon o HBO a producir en catalán y vasco. El Ejecutivo no contempla establecer umbral alguno. La exigencia de los socios del Gobierno se produce no ya sólo cuando éste prevé llevar la normativa al Consejo de Ministros en próximas fechas, sino en los primeros compases de la negociación para los Presupuestos Generales y en plena entente entre Gobierno y ERC para auspiciar la mesa de diálogo sobre Cataluña. Para sacar adelante los dos primeros asuntos, La Moncloa necesita del apoyo de los nacionalistas. De ahí que, ante su posición de fuerza, exijan umbrales obligatorios de producción audiovisual en lenguas cooficiales, amenazando con no apoyar la normativa. Las advertencias son claras: Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha considerado que el catalán es "un idioma minoritario a proteger" y que debe quedar "blindado" en esa nueva regulación del sector. Para Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu, "es muy preocupante que se deje en manos de plataformas con Netflix, Amazon Prime o HBO, la protección de nuestras lenguas porque está claro qué contenidos van a elegir". Incluso el sector catalán de Podemos, los comunes, exigen al Gobierno del que forman parte a que se trabaje en la protección del catalán y así lo están trasladando. Los gobiernos catalán y vasco también han criticado la ley. La Generalitat cree que "perjudica al catalán" porque "olvida y maltrata la diversidad cultural y la riqueza lingüística". Desde el País Vasco recuerdan que el texto que conocieron en julio no les gustó y que presentaron alegaciones exigiendo un tratamiento de igualdad para todas las lenguas del Estado. El Gobierno, de momento, permanece ajeno a estas exigencias de sus socios. La vicepresidencia de Asuntos Económicos está en estos momentos ultimando el texto de la normativa, cuya última versión no contempla la exigencia de porcentajes de producción audiovisual en lenguas cooficiales. Y, a día de hoy, no tiene previsto incluirlos, según fuentes gubernamentales. La vicepresidenta Nadia Calviño, de cuyo departamento depende esta ley, ha asegurado tras el Consejo de Ministros que "el Gobierno está absolutamente comprometido con la protección de las lenguas cooficiales, porque es una parte de la riqueza" del país", sin querer entrar en más polémica ni abrir la puerta a umbrales algunos. El nuevo texto "va a ser escrupulosamente respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas y, en este caso, con la posibilidad de establecer otro tipo de medidas de protección de las lenguas cooficiales dentro de su ámbito geográfico de competencia". Distintas fuentes del sector son escépticas a ese respecto. "¿Cómo le obligas a Netflix a que respete el gallego o el bable si una ley española no lo contempla?", se plantea el representante de un actor del sector que ha participado en las fases de consulta pública. La nueva Ley Audiovisual será la consecuencia de la trasposición de una directiva europea, proceso que debería haber concluido en septiembre del año pasado pero que, Covid mediante, se ha postergado hasta este nuevo curso político, con la expectativa de que consiga su aprobación definitiva en uno de los próximos Consejos de Ministros.

Reescritura de la ley

Esta norma tiene gran relevancia para el sector porque trata de acabar con la alegalidad que en muchos casos ha imperado entre las nuevas plataformas, empresas por lo general estadounidenses que, entre otros puntos, se han librado de sostener la financiación de la corporación pública RTVE. La ley española que rige actualmente, de 2010, no establece un cupo concreto de contenidos audiovisuales en las llamadas lenguas cooficiales, como el catalán o el euskera. Y en ese mismo sentido ha venido avanzando el anteproyecto de la próxima Ley en sus dos redacciones conocidas: una primera que fue sometida a consulta pública y que data de finales del pasado año y una reescritura dada a conocer en julio y que igualmente fue sometida a consulta pública. El tercer texto, ya definitivo, se ha remitido al Consejo de Estado, que debe aportar su veredicto sin carácter público. Por lo acordado hasta la fecha y tal y como ha dado a entender Calviño, la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual establecería la exigencia a los proveedores de servicios de este tipo que dediquen el 5% de sus ingresos generados en España a la financiación de obra audiovisual europea y, además, que por lo menos el 70% de esa cantidad vaya destinada a producciones independientes. Es ese apartado, que se cifraría en un 3,5% del total del negocio de la compañía en el país, el que está en juego y en el que podrían llegar a incluirse salvaguardas idiomáticas que mermen la presencia del castellano. Esta lengua, además de predominante en el país, sirve para introducir algunos contenidos europeos en América Latina, un territorio de gran relevancia para compañías como Netflix, que ha decidido ubicar sus mayores estudios de producción europeos en la localidad madrileña de Tres Cantos.
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