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CNDH documenta abusos y violaciones por agentes del Estado

logotipo de La Jornada La Jornada 28/12/2018 Emir Olivares Alonso
Tres policías municipales de Durango fueron detenidos de manera arbitraria y retenidos ilegalmente. Foto Roberto García Ortiz / Archivo © Proporcionado por DEMOS Desarrollo de Medios Tres policías municipales de Durango fueron detenidos de manera arbitraria y retenidos ilegalmente. Foto Roberto García Ortiz / Archivo

El 21 de abril de 2013, tres policías del municipio de Tlahualilo, Durango, se encontraban en servicio cuando fueron alcanzados por elementos de la Marina y de la Fiscalía General del estado, quienes los detuvieron sin informar los motivos. Los marinos y los agentes estatales golpearon a los detenidos y, “aun sin tener calidad de presuntos responsables”, los interrogaron sobre un secuestro y la muerte de dos personas. Después los entregaron a la autoridad ministerial de la entidad donde se permitieron actos de tortura en su contra.

Se trata de otro de los casos de abusos y violaciones a las garantías fundamentales cometidos por agentes del Estado en el marco de la guerra contra el crimen organizado, y que han sido documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que emitió la Recomendación 74/2018 dirigida al nuevo titular de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán; y al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres.

Tras sus investigaciones, el organismo nacional acreditó que los elementos navales y los agentes de la Fiscalía del estado violentaron los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal, debido a que los tres policías municipales fueron detenidos de manera arbitraria y retenidos ilegalmente.

Además, personal de la Fiscalía General de Durango violó el derecho al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia al entorpecer la investigación relativa a las lesiones que presentaban las víctimas y por actos de tortura, imputados a personal de esa dependencia estatal.

En la Recomendación, la CNDH no se pronuncia sobre la situación legal de los tres uniformados de Tlahualilo, pues argumentó que carece de competencia para conocer los asuntos jurisdiccionales promovidos por las víctimas y por los probables responsables, por lo que sólo hace referencia a las violaciones a derechos humanos acreditadas.

Se comprobó que en estos hechos participaron cuatro marinos, quienes “no actuaron bajo los principios de legalidad al omitir poner a los agraviados de manera inmediata a disposición de la autoridad ministerial y realizar actos de investigación sin su instrucción”. Además de dos médicos forenses, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del estado, tres servidores públicos de la Dirección Estatal de Investigación y un oficial “del que la autoridad deberá investigar su identidad para deslindar responsabilidad”. Todos ellos, apuntó la CNDH, “incurrieron en la detención arbitraria, retención ilegal e indebida procuración de justicia y tortura contra las tres víctimas”.

El organismo presidido por el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez hizo varias recomendaciónes al titular de la Semar y al gobernador, a quienes enfatizó: “Toda violación de derechos humanos debe investigarse y sancionarse de manera proporcional de acuerdo con la conducta realizada por los servidores públicos responsables, a las circunstancias en que ocurrieron los hechos violatorios y a la gravedad de los mismos.

Nadie puede ni debe evadir la responsabilidad administrativa y penal cuando se acredite que cometió violaciones a derechos humanos. En ese sentido, tratándose de hechos en los que haya intervenido más de un servidor público, se debe investigar el grado de participación de todos y cada uno de ellos para determinar el alcance de su autoría material e intelectual, así como la cadena de mando correspondiente”.

La CNDH pidió al secretario de Marina que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, reparen integralmente el daño a las tres personas agraviadas, en los términos de la Ley de Víctimas de ese estado y se les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas; que coadyuve con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control de la Semar contra los marinos involucrados; colaborar en la integración de la averiguación previa que inicie ante la Procuraduría General de la República contra dichos elementos; entre otros.

Al gobernador se le solicita que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se repare integralmente el daño a las víctimas; coadyuvar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de esa entidad y contra siete servidores públicos y quienes resulten responsables; entre otros.

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