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Conagua reserva el convenio económico con ejidatarios para apoyar la termoeléctrica de Huexca, Morelos

logotipo de Animal Político Animal Político 27/11/2021 Alberto Pradilla
Conagua reserva el convenio económico con ejidatarios para apoyar la termoeléctrica de Huexca, Morelos © Agencia Cuartoscuro Conagua reserva el convenio económico con ejidatarios para apoyar la termoeléctrica de Huexca, Morelos

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reservó por un período de 5 años el convenio firmado con 26 ejidos y nueve pequeñas propiedades, integrantes de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (ASURCO), para que estos diesen su apoyo a la termoeléctrica de Huexca, Morelos.

El pacto fue revelado por parte de la Comisión Federal de la Energía (CFE) hace un año, cuando la Guardia Nacional disolvió el plantón ubicado en San Pedro Apatlaco, municipio de Ayala, Morelos, y que impedía terminación de la tubería que conectará la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cuautla con la termoeléctrica. En aquel momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la planta energética comenzaría sus trabajos pero, 12 meses después, todavía sigue en fase de pruebas.

Para reservar el convenio, la Conagua argumentó que forma parte de un amparo que está en trámite judicial. En concreto, el expediente 1180/2019 promovido por el comisariado ejidal de Mayotepec, que se encuentra en el juzgado sexto de distrito de Morelos. “La difusión de la información peticionada lesionaría el proceso, lo que implicaría un perjuicio a las estrategias judiciales y al manejo deliberado de la información de acuerdo a los intereses particulares de quienes la otorgaron”, dice la resolución de reserva. Este argumento contradice lo afirmado por López Obrador en septiembre de 2020, cuando aseguró que que ya se habían resuelto todos los amparos.

Los opositores al proyecto, agrupados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, aseguran que existen 19 amparos presentados por diversos ejidos. De ellos, 9 tienen suspensión sobre el uso del agua y no permiten que se disminuya el caudal del agua del río Cuautla.


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Está por ver si el gobierno federal aprovecha para esta infraestructura el decreto aprobado el pasado 22 de noviembre por el que decreta como asunto de “seguridad nacional” todos sus megaproyectos. Según expertos, esto podría servir para que se promuevan acciones que echen atrás las suspensiones obtenidas mediante amparo.

Además del litigio en el que está inmersa la termoeléctrica, la Conagua alegó que, con la reserva, “se buscaría salvaguardar información de un proyecto importante y trascendental del Gobierno Federal como es la puesta en marcha de la termoeléctrica”.

El convenio con los ejidatarios es, junto a la consulta celebrada en febrero de 2019, los dos argumentos que esgrime el gobierno federal para asegurar que cuentan con el apoyo de los pobladores al megaproyecto. Este documento ha sido reservado y la consulta se celebró en medio de las protestas de los pobladores: tres días antes de que se instalaran las urnas fue asesinado Samir Flores Sobernas, activista indígena náhuatl y uno de los principales opositores al proyecto. Tres años después, solo uno de los presuntos responsables está en prisión, y fue presentado ante el juez después de estar un año en la cárcel acusado de otros delitos.

La termoeléctrica de Huexca forma parte del Proyecto Integral Morelos, un plan que consta de dos plantas termoeléctricas ubicadas en el municipio de Huexca, un gasoducto de 160 kilómetros de longitud que transcurre entre 60 comunidades de los estados de Morelos, Tlaxcala y Puebla, y un acueducto de 12 kilómetros entre los municipios de Ayala y Huexca, Morelos. El megaproyecto inició hace casi una década y ha sido apoyado por gobernadores de PAN, PRD y PES. El presidente López Obrador también ha sido uno de sus grandes defensores y ha viajado en diversas ocasiones a la zona para dar impulso a la planta. Los opositores, por su parte, argumentan que se ha impuesto sin dar opción a una consulta que respete los parámetros del convenio 169 de la OIT, que regula el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Además, denuncian que el proyecto tendrá impacto sobre la salud y el medio ambiente del lugar.

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