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Kamel Nacif fue detenido el 12 de octubre y pagó fianza en Líbano, acusa Artículo 19

logotipo de Milenio Milenio 02/03/2021 Armando Martínez
José Kamel Nacif Borges. (Javier Ríos) © Proporcionado por Milenio José Kamel Nacif Borges. (Javier Ríos)

La periodista Lydia Cacho, en conjunto con Artículo 19, informaron que el empresario Kamel Nacif  fue detenido en Líbano desde el 12 de octubre de 2020, sin embargo un juez de aquél país le otorgó la libertad bajo fianza.

“Lydia Cacho y Artículo 19 encuentran preocupante que el proceso contra José Kamel Nacif en Líbano no cuente con las garantías mínimas que permitan igualdad entre las partes. La garantía de audiencia y el derecho a la defensa, son derechos mínimos que tendrían que ser respetados en cualquier proceso penal”, aseguraron.

Agregaron que tuvieron conocimiento de dicho acto hasta el 16 de febrero y lo que saben hasta ahora es que el proceso se encuentra suspendido hasta la reanudación de actividades, dado el contexto de emergencia sanitaria por covid-19.

“No hay certidumbre sobre las siguientes etapas procesales ni las imputaciones que se realizan con base en la información enviada a Líbano por la Fiscalía General de la República (FGR) por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Se nos ha informado que se busca una reunión entre autoridades mexicanas y libanesas para aclarar la información sobre el proceso”, apuntó.

Artículo 19 señaló que dicha circunstancia no abona a la confianza que debe construirse entre instituciones del estado y víctimas de violaciones a derechos humanos.

“Por el contrario, dichas omisiones ponen en peligro el acceso a la justicia, la seguridad y protección de la periodista y personas cercanas a ella, por la probable comisión de actos de represalia en su contra”, aseveró.

Dicha información salió al aire el 3 de febrero tras la aprehensión de Mario Marín ex gobernador de Puebla y también probable responsable de la tortura cometida contra la periodista en diciembre de 2005.

En julio de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que Nacif se trasladó a Líbano. Esto posterior a que en México se libró una orden de aprehensión en su contra por su probable colaboración en los hechos de tortura ocurridos los días 16 y 17 de diciembre de 2005.

Sin embargo, afirmaron que las autoridades no notificaron ni a Cacho ni a Artículo 19 sobre ningún acto de autoridad encaminado a conocer el estatus jurídico del empresario en la República del Líbano, tampoco se informó a la víctima ni a sus representantes legales sobre el lugar o fecha de localización, o sobre su presentación ante autoridades judiciales libanesas. Eso sucedió hasta mediados de febrero, después de la detención de Mario Marín.

“Eso redujo la capacidad de coadyuvancia por parte de la víctima y sus representantes para participar de forma activa en el proceso, así como su derecho a estar plenamente informada de los avances del proceso”, lamentaron.

Por ello, pidieron tanto a la FGR como a la SRE, garantizar un proceso imparcial, el respeto a los derechos de la víctima, así como notificar todo lo relacionado con la localización, cambio de estatus jurídico, acciones legales impulsadas por los presuntos responsables y cualquier otro que pudiera implicar cambios en la estrategia para la garantía del acceso a la justicia.

En tanto, también llamaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que considere los presentes hechos como elementos de análisis en la falta de cumplimiento del Plan Integral del Daño, instaurado a partir del Dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, número 2767/2016, del año 2018.

También urgieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que considere los presentes hechos como omisiones en las medidas cautelares MC 192/2009 ordenadas al Estado mexicano, como consecuencia del estado de riesgo en que vive la periodista.

Y al gobierno de Líbano le instaron se garantice el debido proceso para la víctima y se generen las condiciones propicias para que Lydia Cacho, sus representantes y el gobierno mexicano abonen a la acusación ante los tribunales nacionales y se valore continuar con el proceso de extradición a México dado que el 're también cuenta con ciudadanía mexicana.

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